¿Peligra el abastecimiento de alimentos por la huelga de transportes? Estos son los que faltaron en marzo

Aún recordamos el impacto de la huelga de transportistas hace ocho meses que puso en jaque al abastecimiento de algunos productos puntuales en nuestro país. Ahora, el anuncio de una nueva convocatoria de huelga indefinida a partir del lunes ha reavivado el temor ante posibles problemas de suministro en un momento especialmente complicado, con una cadena alimentaria tensionada por el contexto internacional y a las puertas de dos de las campañas comerciales más importantes, el Black Friday y la Navidad. Y todo mientras desde algunos sectores advierten de que estos paros pueden subir todavía más los precios.

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El sector de la distribución confirma a COPE que ya están en contacto con el ministerio de Interior para que se garantice la circulación de los conductores que no secundan los paros y no poner en riesgo el suministro de alimentos básicos como frutas y hortalizas en un periodo en el que su volumen comercializado alcanza de media las 600.000 toneladas semanales.

20 DÍAS DE HUELGA EN MARZO

En marzo los paros duraron veinte días y se interrumpieron cuando el Gobierno se comprometió a sacar adelante una ley de control de costes -aprobada en agosto- que obliga a los cargadores a fijar un precio justo y suficiente para que a los transportistas les salga a cuenta realizar su trabajo.

Sin embargo, la plataforma en huelga asegura que los cargadores, ante la "pasividad" de la Administración en el control de la aplicación de la norma, no respetan el precio de coste a los transportistas, tal y como ha recordado Carlos Herrera este martes. "Los camioneros, los transportistas, siguen beneficiándose de la subvención al combustible pero no han visto ningún avance en otra de las reclamaciones históricas como es el cumplimiento de la ley de la cadena del transporte, que debería impedir trabajar a pérdidas".

PINCHA PARA LEER: Herrera: “Cada semana de huelga de los transportistas supone unas pérdidas de 600 millones para la economía"

En respuesta, el Gobierno ha instado a los transportistas a denunciar los incumplimientos que detecten de la ley para que los inspectores puedan realizar su trabajo y, llegado el caso, imponer unas multas que pueden llegar a los 4.000 euros.

El sector hortofrutícola por su parte ha asegurado que el Gobierno debe garantizar el libre tránsito y el acceso a los mercados nacional y exterior", y más en un "periodo de máxima actividad" para el comercio de estos alimentos básicos como es "el mes de noviembre", en el que el volumen comercializado de frutas y hortalizas alcanza de media las 600.000 toneladas semanales, cuyo valor ronda los 700 millones de euros.

También hay una "preocupación extrema" en el mercado de cereales y en la cadena de fabricación y suministro de piensos, donde los precios están disparados.

QUÉ FALTÓ EN MARZO

Cabe recordar que a los paros del pasado mes de marzo en el transporte se sumaba entonces la recién comenzada invasión rusa de Ucrania con lo que el impacto económico de la huelga estuvo sujeto también a diferentes variables.

En la segunda semana de protestas ya había productos puntuales que empezaban a escasear como la leche y otros productos lácteos. Algunas fábricas vieron interrumpido el suministro de distintas materias primas necesarias para su elaboración, así como su traslado una vez terminados a las cadenas de distribución por lo que se vieron obligadas a parar. En declaraciones a COPE, Carmen Lence consejera delegada del Grupo Río de Galicia explicaba entonces las razones de los paros de la producción. "Tratamos con la leche fresca, que es un producto perecedero y que recogemos de los ganaderos y esto hace que podamos mantenerlos en nuestros silos como mucho, dos días. Si seguimos recogiendo leche y no tenemos donde meterla los problemas se producen en cadena. Al no poder entrar leche en la fábrica no entran palés y no se puede fabricar porque no hay donde poner la leche".

Los bloqueos en algunas carreteras obligaron además a parar desde puertos pesqueros a fábricas harineras, plantas del sector ganadero o la actividad comercial de la acuicultura.

Precisamente uno de los productos que más preocupaba entonces era el de los procedentes del mar, y es que una buena parte del sector pesquero de toda España se había sumado a la huelga de los transportistas. Varias lonjas de Galicia, como las de Celeiro y Burela, estuvieron algunos días consecutivos sin realizar subastas, mientras que en Vigo y A Coruña veían reducido el ritmo de trabajo.

El sector cárnico fue otro de los más afectados. Organizaciones agrarias y cooperativas advertían de las "dificultades" que estaban sufriendo para abastecer a los supermercados de carnes como el pollo o el cerdo. Además, a esto se sumaba otro problema: la falta de sustento para animales en las explotaciones.

LO QUE PIDEN LOS TRANSPORTISTAS

La Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte reclama al Gobierno, entre otros aspectos, mayor control sobre el cumplimiento de la leyes de costes y de carga y descarga, extender su cobertura o establecer multas de hasta 90.000 euros.

Sobre el cumplimiento de la ley de costes y de carga y descarga, piden al Gobierno que garantice bajo un acuerdo firmado la colaboración de las correspondientes autoridades.

Concretamente, para el cumplimiento de la ley de costes reclaman la colaboración de la Guardia Civil en carretera, la Inspección de Transportes en las empresas y de Hacienda en las contabilidades; mientras que en la ley de carga y descarga piden la implicación de la Guardia Civil, la Policía Local y la Inspección de Transporte.

Por otro lado, solicitan que se extienda la cobertura de la ley de costes a todo tipo de transporte por carretera, incluyendo el furgonetero, ligero, pesado y de áridos.

También reclaman que se incluyan las mismas partidas para todo tipo de transporte en el cálculo de los costes, con gastos como la amortización, financiación y seguros del vehículo, el personal de conducción, los costes fiscales, el combustible, las dietas, el mantenimiento y las reparaciones o los peajes.

Por último, exigen que se dé validez a todas las denuncias de las organizaciones de transportes y de cualquier afectado, que se multe al cargador principal, al cargador contractual y al transportista; establecer sanciones de entre 70.000 y 90.000 euros, y eliminar las exenciones para no poder ser multado.