Fiscalía ratifica 4 años de cárcel para Aristrain por irregularidades al comprar inmueble

Madrid, 21 sep (EFE.- El juicio contra el empresario José María Aristrain por irregularidades en la compra de un inmueble se ha celebrado este jueves en la Audiencia Provincial de Madrid, donde su defensa ha negado que hubiera voluntad defraudatoria y la Fiscalía ha ratificado su petición de cuatro años de cárcel.

En la exposición de sus conclusiones, la defensa de Aristrain ha asegurado que todo se ha tratado de un "procedimiento diabólico de la Agencia Tributaria", dado que en el momento en el que inició el expediente el empresario ya tenía abierto otro paralelo, en el cual tenía embargados todos sus bienes.

Tanto la defensa como los testigos que han declarado a su favor -los abogados Jorge Fernández de Araoz y José Fernández Reyes, y el perito forense José Luis Sendín Cifuentes- han incidido en que no hubo intención de defraudar y han señalado que la operación fue "plenamente transparente".

Sin embargo, los dos inspectores de Hacienda autores del informe sobre la operación han ratificado sus conclusiones, han explicado que el IVA no era deducible y han destacado que, de los pagos efectuados, dos de ellos, de más de medio millón de euros cada uno, se hicieron cuando ya se había abierto el procedimiento oral.

Es decir, cuando Aristrain ya sabía que habría un juicio por la venta del inmueble.

La Fiscalía ha ratificado también sus conclusiones, y ha mantenido la petición de cuatro años de cárcel para Aristrain, si bien ha rebajado a dos años la solicitud para Domingo Quintana, el otro acusado.

EL ORIGEN DE LA CAUSA

La operación, según sostiene la Fiscalía, era la supuesta compra fraudulenta de una vivienda unifamiliar en la calle Zurbano de Madrid, de cerca de 2.000 metros cuadrados, propiedad de una mercantil de la que Aristrain era administrador único para, presuntamente, eludir el IVA y que no se la embargaran.

El 1 de julio de 1998, Aristrain constituyó ante notario la sociedad Pioninin S.L. de la que era administrador único y tenía el 99 % de participación, cuya única finalidad era la adquisición del inmueble.

Tras sucesivos aumentos de capital, la Corporación JM Aristrain S.L, propiedad del empresario, pasó a ostentar el 100 % de las participaciones de Pioninin por medio de una escritura pública, de 28 de marzo de 2012, y por compensación de un crédito reconocido a esta sociedad de la que era socio y administrador único.

Para el Ministerio Público, entre 2005 y 2012 se ejecutaron una serie de obras en el inmueble que motivaron que Hacienda iniciara una inspección donde se comprobó que no era deducible el IVA soportado de las facturas recibidas por Pioninin, por la ejecución de dichas obras.

De hecho, concluyó con una regularización que se extiende al IVA devengado por la sociedad durante los ejercicios 2009, 2010 y 2011, donde se descubrió una cuota no declarada por importe de superior a los 661.296 euros, de los cuales 540.573 euros corresponden a cuota, y 120.722 euros, a intereses.

En diciembre de 2012, "ante la previsión de la ejecución tributaria", Aristrain, como administrador único de Pioninin, compareció en una notaría donde otorgó un poder especial en favor de Domingo Quintana.

Ambos se habrían puesto de acuerdo para hacer "infructuosa" la ejecución, ya que en el mismo acto le entregó una escritura de compraventa por la que el Aristrain adquirió la finca que le transmite Pioninin, por un precio de 5,5 millones de euros, más otros 220.000 euros de IVA.

El pago se aplazó "íntegramente" por un plazo de cinco años "sin ninguna garantía ni requisito adicional, ni elevarse a inscripción registral, dejando con ello a la sociedad sin ningún activo".

Asimismo, la deuda tributaria dio lugar a que, "tras las correspondientes acciones ejecutivas", se trabara el inmueble, y cuando se iba a celebrar la pertinente subasta, el acusado opusiera una tercería de dominio "frustrando la ejecución y dejando a la sociedad sin activo alguno".

En enero de 2022, la Audiencia Provincial de Madrid absolvió a Aristrain de delitos contra la Hacienda Pública y de simular que tenía su domicilio fiscal en Suiza. EFE

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