El Gobierno aprueba el Ingreso Mínimo Vital y fija en 461,5 euros el mínimo mensual garantizado para un adulto

El máximo será de 1.015,3 euros al mes en doce pagas para familias de 2 adultos con 3 niños o de 3 adultos con 2 niños

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Agencia EFE

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El Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado este viernes en Consejo de Ministros fija un umbral mínimo de renta garantizado para cada tipo de hogar, dependiendo del número de miembros, que parte de los 461,5 euros al mes en doce pagas para un adulto solo, el equivalente a una pensión no contributiva.

El máximo será de 1.015,3 euros al mes en doce pagas para familias de 2 adultos con 3 niños o de 3 adultos con 2 niños, entre otras, en tanto que se establece un complemento adicional para las situaciones de monoparentalidad de 100 euros.

Será una prestación de la Seguridad Social con un coste anual de unos 3.000 millones de euros que podrían llegar a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas, de los que el 30 % son menores.

Una renta garantizada de 10.070 euros al año

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) permitirá que haya en España una renta garantizada media de 10.070 euros anuales, toda vez que a este ingreso se le podrán añadir otras rentas que pudieran cobrar los 2,3 millones de personas a los que beneficiará.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha explicado que aquellas personas que no trabajen cobrarán este IMV, que llegará a una media anual de 4.400 euros, pero que también podrá ser compatible con un trabajo a tiempo parcial.

"Es un incentivo muy útil. Incluso los que quieran trabajar alguna horas más y si excede el ingreso mínimo, lo podrán compatibilizar aún con este exceso durante cierto tiempo", ha añadido.

Según las estimaciones del Ministerio de la Seguridad Social, sumado el IMV y las rentas que puedan tener los beneficiarios, se garantiza una renta media anual de 10.070 euros.

Lo podrán solicitar quienes hayan sufrido una caída en sus ingresos del más del 50%

El ministro de Inclusión también ha afirmado que este ingreso también lo podrán solicitar aquellos contribuyentes que, aunque en 2019 no cumplieran con los requisitos, han visto en 2020 una caída de ingresos muy grande y que lo podrán hacer a través de una declaración responsable del IRPF a presentar este año.

En ese caso -ha puntualizado- si esa caída supera el 50 % de la renta que tuvo 2019 y si tiene un patrimonio "particularmente pequeño" recibirá el IMV.

"Se hará una regularización al final y se pueden hacer ajustes", ha recalcado Escrivá.

Por otra parte, ha explicado que esta ayuda reducirá el 80 % de la pobreza extrema para rentas de menos de 2.950 euros anuales, que representa a 1.050.000 millones de personas, y la reducirá en un 70 % para las que van de los 2.950 a los 4.350 euros anuales, que son 550.000 personas en situación de pobreza muy alta.

Los 700.000 beneficiarios restantes de los 2,3 millones, 125.000 saldrán de la pobreza alta y moderada mientras que el resto verá mejorado sensiblemente sus ingresos, con incrementos de alrededor del 10 %.

El ingreso mínimo reducirá la pobreza extrema en el 87 % de los hogares monoparentales, mientras que también la bajará en el 82 % de los hogares con hijos y en el 70 % de los hogares sin hijos.

Escrivá ha resaltado la importancia de que este ingreso no sea una prestación estática, sino que vaya evolucionando según las capacidades de conseguir ingresos de cada familia y hogar.

El objetivo es que los hogares que se han identificado puedan pasar a un "estado mejor en la sociedad" y que el ingreso mínimo les apoye como un elemento para incorporarse en itinerarios de inclusión y laborales.

Así, en los hogares en los que se trabaje, por cada euro de salario adicional que gane un beneficiario, su IMV se reducirá en una cantidad inferior.

Los hogares que soliciten la prestación y no trabajen deberán inscribirse como demandantes de empleo y cuando encuentren trabajo, parte de su salario estará exento transitoriamente en el cálculo de la prestación.

Un "sello social" para las empresas

En este sentido, Escrivá también ha anunciado que la Ley prevé un "sello social" para reconocer a aquellas empresas que ayuden a estos colectivos que deben solicitar el ingreso mínimo a que se integren en el mercado de trabajo, incluso -ha dicho-, los beneficiarios tendrán incentivos a la contratación por el lado de la Seguridad Social.

El ministro también ha destacado la labor de los ayuntamientos para añadir itinerarios de inclusión social y laboral, ya que son los que mejor identifican a estos hogares, que en principio son 850.000 los registrados.

La mitad de ellos disponen de menos de 310 euros al mes como media frente a un ingreso mediano nacional de 1.230 euros.

En cuanto al coste de esta medida, de unos 3.000 millones anuales, Escrivá ha puntualizado que se trata de una estimación, ya que el IMV es un derecho subjetivo que podrá solicitar cualquier hogar que cumpla con las condiciones establecidas.

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