Las exigencias de la CUP sobre los Mossos enredan la negociación en Cataluña

La CUP planteó el pasado viernes una serie de condiciones previas a cualquier negociación de gobierno, que pasaban por ejemplo por una moratoria en el uso de proyectiles de foam y en la participación de antidisturbios en los desahucios, unas exigencias que JxCat quiere "estudiar con tranquilidad".

Este lunes, tras los nuevos disturbios callejeros del fin de semana, la cabeza de lista de la CUP en las elecciones del 14F, Dolors Sabater, ha asegurado en TV3 que ERC "ha aceptado" sus condiciones sobre los Mossos d'Esquadra.

La posibilidad de que la CUP y ERC hayan podido decidir ya sobre cuestiones de tanto calado que afectan a una conselleria en manos de JxCat como es Interior, liderada por Miquel Sàmper, ha causado sorpresa en las filas del partido que preside Carles Puigdemont. La vicepresidenta y portavoz de JxCat, Elsa Artadi, ha enfriado la respuesta a las exigencias de la CUP sobre cambios en los protocolos de los Mossos y ha apostado por "estudiarlas con tranquilidad", sin tomar "decisiones en caliente".

Artadi ha señalado que la CUP "ha ido poniendo sobre la mesa aspectos en materia antirrepresiva que hay que ir hablando al margen" de las negociaciones para la formación del nuevo Govern. "Todos nos hemos emplazado a trabajarlo, son elementos que hay que mirar bien" y de manera "seria", ha dicho Artadi, que ha planteado dudas jurídicas, ya que la no participación de la BRIMO en los desahucios "tiene que ver con las competencias de los Mossos como policía judicial", y no con una orden de la Generalitat.

Artadi ha reclamado abrir un "debate sereno" sobre el modelo de actuación de algunas unidades de los Mossos y ha defendido "buscar un acuerdo de las fuerzas parlamentarias lo más amplio posible", en el marco de una "comisión de estudio" en el Parlament. Pese a las afirmaciones de Sabater, fuentes de ERC han precisado que hay acuerdo en "trabajar conjuntamente" sobre estos temas, aunque aún "no hay nada cerrado". La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha avalado "actualizar el modelo de orden público" en Cataluña y ha admitido que en este asunto existe mayor sintonía con la CUP que con JxCat.

"Estamos trabajando en este ámbito, y algunas propuestas requieren cambios legislativos, pero en otras sólo se necesita voluntad política y trabajar desde el consenso", ha añadido. Por su parte, la número dos del PSC en el Parlament, Eva Granados, ha pedido a ERC y JxCat que sean contundentes al rechazar los disturbios de las últimas noches y que no sigan negociando con la CUP porque "no puede haber un Govern con quien no condene claramente la violencia".

Granados, además, ha descartado respaldar desde fuera un Govern formado por ERC y los comunes, como propuso este sábado la líder de En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, a quien ha recordado que el candidato de izquierdas más votado el 14F fue el socialista Salvador Illa, y no el republicano Pere Aragonès.

Los comunes han insistido en apelar al PSC y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a apoyar desde fuera un Govern de ERC y En Comú Podem y han alertado de las consecuencias que podría tener no hacerlo para el propio Ejecutivo central y para la mesa de diálogo. El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha mostrado su indignación por la violencia en las protestas tras la detención del rapero Pablo Hasel y ha exigido a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que se persone en una causa penal contra los que "intentaron quemar vivo" a un agente de la Guardia Urbana.

La jornada política ha venido marcada también por la decisión de la Fiscalía de querellarse por desobediencia contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, y contra los miembros de JxCat y ERC en la Mesa por tramitar resoluciones a favor de ejercer el derecho a la autodeterminación y para reprobar a la monarquía. Torrent ha defendido su actuación para proteger la "libertad de expresión" en el Parlament y ha pedido "valentía y coraje" al Gobierno de Pedro Sánchez, para no dejar que el "conflicto político" catalán quede en manos de los "enemigos del diálogo".