El asesor de Puigdemont apunta a que el caso de Tsunami Democratic es contrario a la UE

La defensa de Josep Lluis Alay, asesor del expresidente catalán Carles Puigdemont, ha apuntado en un escrito a la Audiencia Nacional que la causa sobre el movimiento Tsunami Democràtic podría ser contraria a la Unión Europea dado que ésta "impide la banalización" del terrorismo, delito por el que el juez le investiga.

En un escrito profundamente irónico dirigido a la Audiencia Nacional, el abogado Gonzalo Boye solicita al juez Manuel García Castellón acceso a todas las resoluciones que obran en la investigación, abierta desde 2019, con el objetivo de poder interponer recurso.

Alay, estrecho colaborador del expresidente catalán, es, junto a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, uno de los recién imputados en la causa de Tsunami Democràtic, que también se dirige contra el propio Puigdemont.

Su abogado argumenta en el escrito que el juez de Barcelona que investigó el "caso Volhov", sobre un presunto desvío de fondos al "procés", remitió la parte de la causa que le afectaba a él y a otros investigados en 2021, si bien nunca ha tenido acceso al procedimiento.

Cuestiona que se enterase por los medios de comunicación de su imputación y vincula su causa al denominado "lawfare", término anglosajón que se refiere a "acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo" y que Junts quiere incluir en la ley de amnistía que se está negociando.

La defensa de Alay cita la misma directiva europea que mencionó el juez en su auto de imputación, que compromete a los Estados miembros en la lucha contra el terrorismo, pero en su caso lo hace para defender que "existe un marco común regulatorio e interpretativo que prohíbe presentar como actos terroristas aquellos que no son más que el ejercicio legítimo de derechos fundamentales".

En virtud de esta directiva, el juez infería en su auto que "existe un compromiso por parte del Reino de España en la adopción de medidas efectivas para la persecución de los delitos de terrorismo", una consideración que, según fuentes jurídicas, podría abrir la puerta a recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una eventual ley de amnistía.

La defensa de Alay considera "inimaginable" pensar "que este juzgado pretenda realizar planteamientos prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a unas conductas -manifestaciones-, por masivas que hayan sido, que no constituyen delito alguno".

Sostiene que en la causa lo que se investigan son "manifestaciones o protestas ciudadanas" y ve "inimaginable" que el juzgado instruya el procedimiento por terrorismo, ni que investigue a Alay sin haberle notificado ninguna resolución judicial.

Y más aún, dice, "pensar que este juzgado" haya investigado "a un miembro del Parlamento Europeo" sin haber pedido el suplicatorio a la cámara, en relación a Puigdemont.