El balance de Iglesias en el Gobierno: choques con los ministros y ataques al Rey y a la democracia

Poco más de un año después de comenzar su andadura como vicepresidente del primer Gobierno de coalición de la democracia, Pablo Iglesias ha anunciado que deja la vicepresidencia tercera para disputarle a Isabel Díaz Ayuso la presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones del 4 de mayo. El inicio de la campaña electoral el próximo 20 de abril marcará así el final de una relación -la suya con Pedro Sánchez- marcada por las tensiones y los desacuerdos pero que nunca se ha llegado a romper por la dependencia mutua para mantenerse en el poder.

A principios de enero, cuando se cumplía un año del Gobierno PSOE-Unidos Podemos, el semanario británico The Economist hacía balance con una pregunta: "¿Tiene el líder de la izquierda española bajo control a sus aliados de extrema izquierda?" Lo cierto es que las salidas de todo de Iglesias han puesto en más de un aprieto a Sánchez, que se ha visto obligado a interceder en numerosas ocasiones entre el líder de Unidas Podemos y ministros socialistas como Nadia Calviño o Carmen Calvo por disputas públicas.

Discrepancias con los ministros de perfil más socialista

El Gobierno de coalición ha alcanzado importantes acuerdos, especialmente durante la pandemia, como el escudo solcial, la instauración del Ingreso Mínimo Vital, la subida del Salario Mínimo Interprofesional en 2020, los ERTES o los cortes de suministros. Sin embargo, durante el primer año de mandato, las polémicas y discrepancias en el seno del Gobierno han sido continuas.

Precisamente, la ministra de Economía, Nadia Calviño ha mantenido un pulso constante con Iglesias. La línea económica que ha seguido Calviño está muy alejada de los deseos del todavía ministro. Calviño se opuso a la subida del SMI a comienzos de año, como pretendía el Ministerio de Trabajo con el apoyo de Iglesias. También se ha mostrado en contra del acuerdo con EH Bildu para derogar la reforma laboral de Rajoy o la paralización de los desahucios, y ambos han mantenido un pulso por el control de los fondos europeos o los cortes de suministros por impago.

Las leyes de igualdad han sido otro asunto espinoso en la relación entre ministros. Los socialistas cuestionan la 'ley Trans' mientras Iglesias ha ordenado a los diputados de Unidas Podemos votar en contra de la 'ley Zerolo'.

Iglesias cuestiona la calidad de la democracia española

Sin embargo el episodio más polémico de Iglesias en el Gobierno y que levantó las críticas de la mayoría de los ministros, fue el cuestionamiento de la calidad democratica de España. Lo hizo en una entrevista refiriéndose a los líderes independentistas encarcelados. Entonces declaró que "no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes políticos de los dos partidos que gobiernan Cataluña están uno en la cárcel y el otro en Bruselas". Y añadió que "en una situación de normalidad democrática, los conflictos políticos se gestionan democráticamente. Cuando tienen que intervenir la autoridad judicial o las fuerzas y cuerpos de seguridad es señal de que se ha producido un fracaso de la política".

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, mostró su discrepancia con las palabras de Iglesias: "Discrepo absolutamente, (en España) tenemos la normalidad propia de un Estado de derecho que aplica las leyes a todos por igual", subrayó.

Presupuestos con Bildu y ERC

Cuando The Economist se preguntaba por si el líder de la izquierda tenía bajo control a sus aliados de la extrema izquierda se refería al pacto con Bildu y ERC para aprobar los Presupuestos Generales. El artífice de ese pacto ha sido Iglesias. Convenció a Sánchez de la necesidad de contar con los cinco diputados de Bildu y lideró las negociaciones con ellos. La estrategia tenía un doble objetivo: asegurar la estabilidad del Gobierno a la hora de agotar la legislatura y alejar a Ciudadanos y al PP de posibles pactos con el PSOE.

Problemas con la justicia

Durante este tiempo, el líder de Unidas Podemos no se ha librado de los problemas con la Justicia. El último, la investigación sobre la "niñera" de sus hijos, que sería en realidad una asesora del Ministerio de Igualdad.

En enero el Tribunal Supremo archivó el 'caso Dina', por el que el juez de la Audiencia Nacional acusaba a Iglesias por delitos de daños informáticos, revelación de secretos y acusación y denuncia falsa en relación presunto robo del móvil de su exaserosa Dina Bousselham.

Por el contrario, sigue en marcha la investigación del caso 'Neurona', por el contrato firmado entre Podemos y Neurona por labores de consultoría política para las elecciones generales de abil de 2019 que podría haberse utilizado para desviar dinero de las cuentas moradas. La Audiencia Provincial de Madrid investiga una presunta administración desleal de los fondos de la Caja de Solidaridad, que no estarían siendo utilizados para los fines propios para los que se constituyó sino para pagar a un miembro de Podemos.

El jaque de Iglesias a la monarquía

El ataque sistemático al Rey y a la monarquía ha sido una constante del líder morado. Su aspiración es avanzar hacia una república, para lo que ya ha anunciado su intención de aprobar una ley para regular el "rol institucional" del Rey, de modo que "quede claro" que el monarca no puede hacer política ni perder su papel simbólico y protocolario de neutralidad.

Cuando se anunció la marcha de Juan Carlos I, Iglesias la calificó de "indigna huida"y afirmó que dejaba a la monarquía en una posición muy comprometida: "Cualquier ciudadano que cometa delitos debe dar la cara ante la Justicia". Y añadía que "un gobierno democrático no puede mirar hacia otro lado ni mucho menos justificar o saludar comportamientos que socavan la dignidad de una institución clave como es la Jefatura del Estado y que son un fraude a la Justicia".

Iglesias no solo quiere controlar la monarquía, también los medios de comunicación. Hace unos meses presentó en el Congreso una "ley de protección de la libertad de expresión". Desde su partido han criticado desde el inicio de la legislatura la posición de algunos periodistas y medios de comunicación, cuya repercusión pretenden limitar.