Cien personalidades piden al Gobierno actuar para que Torra acate la Constitución

Juristas, empresarios, economistas, entre un centenar de personalidades piden por carta al Gobierno que "adopte las medidas necesarias" para que Torra "no pueda ejercer de manera efectiva" como president hasta que acate de forma "clara e inequívoca" la Constitución y la legalidad.

Así reza el texto firmado por, entre otros, por el catedrático Francesc de Carreras; el historiador Joaquim Coll; la catedrática Teresa Freixes; o el catedrático Joaquim Molins, que insta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a que actúe "a fin de proteger el orden constitucional en Cataluña y la seguridad jurídica de sus ciudadanos".

La misiva reclama que el presidente electo de la Generalitat "no pueda ejercer (...) con todas las funciones inherentes a dicho cargo; al menos en tanto en cuanto no manifieste de manera clara e inequívoca aquello a lo que constitucionalmente está obligado: su acatamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico".

Consideran los firmantes que el programa de gobierno defendido por Torra en el Parlament durante su investidura "implica la derogación de facto de la Constitución en Cataluña y del Estatuto de Autonomía de Cataluña", pues, a su juicio, supuso "una expresa manifestación de desobediencia".

Recuerdan, en este sentido, que Torra afirmó que "su acción de gobierno se basaría en 'la lealtad al mandato del 1 de octubre' (palabras del entonces candidato a la investidura) y en construir un Estado independiente en forma de República".

"Es exigido que las autoridades públicas ajusten su comportamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico", insiste la carta mandada a Rajoy: "Repugna a la seguridad jurídica que los ciudadanos podamos estar sometidos a un poder público que se sitúa al margen de la ley. Y también repugna a la seguridad jurídica la mera amenaza de actuar al margen de la ley".

El texto señala que "una declaración cuyo contenido sea anunciar el incumplimiento del ordenamiento jurídico debería tener consecuencias políticas", y argumenta que "las palabras siempre son graves; pero cuando, además, estas palabras se realizan en un contexto de verosimilitud, dejarlas caer en el vacío es una enorme irresponsabilidad".

Finalmente, los firmantes se preguntan: "¿Es que los ciudadanos de Cataluña no merecemos, al igual que el resto de los españoles, vivir en una sociedad en la que los poderes públicos no solamente actúen dentro del marco legal, sino que hagan expreso este acatamiento y cesen en sus amenazas a los ciudadanos?".