El Congreso convalida limitar el precio del gas con la abstención de PP

El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el real decreto-ley para limitar el precio del gas en el mercado mayorista de la electricidad, después de que la mayoría de partidos hayan mostrado su respaldo y el PP se haya abstenido.

"Hogares y empresas empezarán a notar el ahorro en la factura eléctrica inmediatamente. También en esta crisis, proteger a la ciudadanía y al tejido productivo es nuestra máxima prioridad", ha dicho Pedro Sánchez a través de Twitter nada más aprobarse la medida.

En la votación celebrada esta tarde, la norma ha salido adelante con un amplio respaldo -197 votos a favor, 2 en contra y 143 abstenciones- a pesar de las abstenciones tanto del PP, que ya había anunciado previamente su posición a través de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, como de Vox.

La limitación al precio del gas en el mercado eléctrico, que se empezará a aplicar el martes cuando en el mercado mayorista se casen los precios para el día siguiente para España y Portugal, reducirá entre un 15 % y el 20 % el importe de la factura de los consumidores con tarifa regulada computados los doce meses en los que se aplicará, hasta el 31 de mayo de 2023.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha definido el mecanismo como un "cortafuegos" para que el precio del gas, cuyo precio en los mercados se ha quintuplicado en los últimos doce meses, siga disparando los precios eléctricos, cuya media en los cuatro primeros meses del año duplica a la de 2021.

Ribera ha destacado que con esta medida temporal la única electricidad que se pagará al coste del gas en esos doce meses será la que se genere con gas natural y no, como ocurre ahora por ser un mercado marginalista, en el que todas las tecnologías cobran el precio de la última central que casa precio, que, cuando no hay suficiente energía renovable o nuclear para cubrir la demanda, es un ciclo combinado de gas.

Ha explicado que los primeros que se beneficiarán de la medida son los consumidores con tarifas indexadas al precio del mercado, mayoritariamente los que tienen la tarifa regulada o PVPC, que tienen, entre otros, los beneficiarios del bono social.

No obstante, ha dicho que la medida también beneficiará a los consumidores del mercado libre, pues con la rebaja prevista en el precio mayorista, cuando renueven su contrato, algo que se suele hacer anualmente, la referencia de precios del mercado mayorista que habrá será menor.

Las centrales que producen electricidad con gas serán compensadas por la diferencia que haya entre el precio que haya de límite (que oscilará desde los 40 euros/MWh los primeros 6 meses del periodo y que luego irá subiendo de cinco en cinco euros hasta llegar a los 70 euros/MWh en el último mes) y el coste que les supone.

RIBERA: CONSUMIDORES ESPAÑOLES NO FINANCIARÁN ENERGÍA A FRANCIA

El coste se repercutirá sobre los consumidores que se beneficien de la medida en cada momento y quedarán exentos de pagar el ajuste los contratos a plazo firmados antes del 26 de abril de 2022, cuando la Comisión Europea aprobó, aunque de forma preliminar, el mecanismo, ha dicho Ribera.

Esa manera de sufragar el coste de la compensación ha suscitado la discrepancia de muchos de los grupos parlamentarios y diputados que han intervenido en el debate de hoy en el Congreso.

En el caso del PP, su diputado Guillermo Mariscal ha planteado que se sufrague con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), como también plantea este grupo para otras cuestiones energéticas.

La ministra ha querido dejar claro que, pese a que la diferencia de precio entre el mercado eléctrico ibérico y el francés pueda provocar un aumento de la demanda desde Francia y de las exportaciones a ese país, los consumidores españoles "no van a subvencionar el precio de la energía en Francia", pues allí contribuirán al pago del ajuste en la misma medida que los consumidores ibéricos.

Sin embargo, el diputado del PP, Guillermo Mariscal ha dicho que con este ajuste se va a "subvencionar" con 1.400 millones de euros a Francia y Portugal, y sus empresas pagarán menos por la energía que las españolas.