COPE accede al informe de la Guardia Civil sobre el 8-M: “La Delegación del Gobierno conocía el peligro"

La Delegación del Gobierno de Madrid tenía conciencia del peligro sanitario que existía si autorizaba manifestaciones como las del 8-M. Esta es una de las afirmaciones que se contienen en el atestado policial de la Guardia Civil que le ha costado la cabeza al coronel Pérez de los Cobos y a cuyo contenido ha tenido acceso COPE.

Entre el 5 y el 14 de marzo (en el mismo límite de la declaración del estado de alarma) se celebraron en la Comunidad de Madrid autorizadas por la Delegación del Gobierno 130 concentraciones o manifestaciones, algunas hasta el mismo día 14 cuando Sánchez anuncia el estado de alarma. Y eso que el 6 de marzo la Comunidad de Madrid suspendió las actividades en la residencia de mayores y el 9 de marzo las actividades escolares. Es más, el 28 de febrero, el servicio de riesgos laborales de la propia Delegación del Gobierno recomendaba mantener la distancia social ante la amenaza de un virus que podía producir la muerte.

La Guardia Civil concluye textualmente: "La Delegación del Gobierno tenía conciencia del peligro que suponía la celebración de reuniones y manifestaciones en fechas previas a la declaración del estado de alarma”. También subrayan los investigadores que de los 22 actos cancelados por la crisis sanitaria, 14 lo fueron a iniciativa de los propios convocantes (incluso desde el mismo 5 de marzo, mucho antes del 8M). Y también destaca la Guardia Civil que no haya registro de esa llamadas en las que la propia Delegación proponía a los convocantes que no celebraran el acto. No lo reflejaron debidamente en el expediente.

“Es parecer de esta instrucción -dice el informe de la Guardia Civil - que la delegación del gobierno tenía datos objetivos suficientes para haber ponderado bienes y derechos protegidos en nuestra constitución, desde la primera semana de marzo”. Incluso llegan a afirmar: “Para esta instrucción el Gobierno era consciente en el momento de las manifestaciones de la situacion real de la pandemia”. Y lo basa en dos datos: mientras que el doctor Fernando Simon dijo públicamente que dejaria a su hijo ir al acto del 8M "ese mismo día suspendió la maraton de Barcelona por suponer un riesgo en relacion con el coronavirus”.

Y segundo dato: El 6 de marzo, el ministro de Sanidad Salvador Illa y el propio Simon comunican la prohibición de un congreso evangelista en Madrid para el 19 por la misma razón. Los convocantes del congreso recibieron el 6 de marzo un documento de la diretcora de Salud Pública del Minsterio de Sanidad conteniendo esa prohibición y “haciendo referencia a un oficio del ministro de fecha 3 de marzo sobre Recomendaciones y medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el nuevo coronavirus Covid 19".

Este atestado, una vez conocido por Marlaska, supuso ayer la destitución del coronel De los Cobos al mando de este equipo judicial. Los informes fueron encargados por la juez Carmen Rodríguez Medel, titular del juzgado 51 de Madrid, que mantiene abiertas unas diligencias en las que ha encargado a la Guardia Civil que investigue cómo actuaron las autoridades sanitarias y la Delegación del Gobierno durante el origen de la pandemia.

Fuentes próximas a COPE confirmaron ayer que los agentes recibieron indicaciones de la juez de comunicar cualquier hallazgo o informe solo al juzgado, y cuidar mucho de que la información fluya en cualquier otra dirección. El coronel Pérez de los Cobos cumplió con esas indicaciones y se negó a aportar información a Marlaska, algo que no gustó al ministro.

EL DELEGADO DEL GOBIERNO EN MADRID, CITADO COMO INVESTIGADO

La juez también citó este lunes para declarar como imputado el próximo 5 de junio al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, por permitir concentraciones multitudinarias los días previos a la declaración del estado de alarma, entre ellas la marcha del 8 de marzo por el día Internacional de la Mujer, desoyendo las advertencias de riesgo de contagio por coronavirus.

La magistrada acordó el pasado 23 de marzo incoar diligencias previas para investigarle por un presunto delito de prevaricación administrativa para esclarecer si obvió las recomendaciones de organizaciones sanitarias, como el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, que el pasado 2 de marzo emitió un informe en el que alertaba del riesgo de contagio, tal y como sostiene la denuncia interpuesta por un particular.