El gobierno blinda por ley al taxi frente a Uber y Cabify

 El real decreto-ley aprobado hoy por el Consejo de Ministros para regular el alquiler de vehículos con conductor (VTC) incluye la posibilidad de que las comunidades autónomas denieguen la concesión de nuevas licencias cuando la proporción sea superior a un VTC por cada treinta taxis. La norma, que deberá convalidar ahora el Congreso, recoge también la obligación de los VTC de prestar dentro de su comunidad autónoma al menos el 80 % de sus servicios.

Estos dos preceptos ya estaban recogidos en el Reglamento de Ordenación de Transporte Terrestre en la redacción dada en el real decreto de 2015, sobre el que deberá pronunciarse el Tribunal Supremo a raíz del recurso presentado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El real decreto-ley incluye una disposición adicional que establece la convocatoria, de forma extraordinaria, de la Conferencia Nacional de Transportes para analizar la legislación estatal y autonómica y comprobar si se pueden introducir cambios para mejorar la competitividad. Forman parte de la Conferencia el ministro de Fomento y representantes de las comunidades autónomas.

De la Serna ha asegurado que el real decreto-ley permitirá garantizar una "convivencia equilibrada" entre los taxis y las VTC, y proporcionará una mayor "seguridad jurídica". Según el titular de Fomento, la nueva norma también ha tenido en cuenta lo ocurrido como consecuencia del vació legal que se produjo entre la Ley Omnibus de 2099 y el real decreto de 2015. En ese sentido, ha recordado que en los últimos meses se han concedido numerosas licencias por sentencia judicial, lo que ha roto "de facto" la proporción 1/30.

De la Serna ha apuntado que en abril había 64.217 licencias de taxi y 7.058 licencias de VTC, lo que supone una proporción 1/9. Según el titular de Fomento, también se ha tenido en cuenta la proliferación, en los últimos meses, de iniciativas en ayuntamientos y comunidades autónomas para limitar la actuación de los VTC, lo que, en su opinión, "vulnera las reglas de la unidad de mercado" y la eficacia de las competencias del Estado en esta materia.

De la Serna ha recalcado que el real decreto-ley consolida las competencias en el ámbito del transporte que la Constitución reserva al Estado y garantiza un desarrollo "armónico" de taxis y VTC