El Gobierno pule a contrarreloj el nuevo decreto anticrisis cuya duración puede alcanzar los seis meses

El Gobierno continúa puliendo el nuevo decreto anticrisis, cuya extensión puede ser directamente de seis meses y no de tres, esto es hasta final de año, tal y como informa este viernes el jefe de Política de COPE, Ricardo Rodríguez.

Lo barajan en Moncloa para lanzar, según aseguran a COPE, un mensaje de determinación para paliar las consecuencias de la crisis. A efectos de imagen, Pedro Sánchez quiere salir ganando ante la opinión pública. Su equipo se aferra en privado, a un segundo paquete definido como potente para interpretar que el PP estará abocado a respaldar la futura convalidación para no pasar por antipatriota.

Los populares se mantienen a la espera de una llamada, aunque el Ejecutivo vende de cara a la galería disposición total a buscar el apoyo de todos los grupos, una vez la coalición cierre su propia negociación. Con algunos elegidos, como Bildu, hay ya conversaciones y hasta intercambio de propuestas.

La cúpula socialista busca coser la coalición de cara a este nuevo paquete de medidas, pero a horas de la celebración del Consejo de Ministros extraordinario del sábado ya se ha producido el primer choque entre las dos alas del Consejo.

El PSOE y Unidas Podemos han acabado este jueves por la noche sin acuerdo la reunión en la que se han abordado las medidas que el Ejecutivo va a incluir en el nuevo decreto anticrisis que se aprobará el próximo sábado en un Consejo de Ministros extraordinario, han informado a Europa Press fuentes de la coalición, que confirman que los contactos continuarán hasta llegar a un consenso.

Sobre la mesa están algunas de las reivindicaciones que desde Unidas Podemos han propuesto en las últimas semanas para la prórroga del decreto con la que el Ejecutivo intentará paliar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania.

En concreto, la formación morada quiere incluir una subida de 10 puntos del impuesto de sociedades a las eléctricas --hasta el 35 %-- y un cheque de 300 euros a las personas "más golpeadas por la crisis", según sugirió la vicepresidenta segunda y ministra de trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. También una reducción del 50% en los precios del abono de transportes para incentivar el uso del transporte público, una medida que solicitó la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

Desde el área socialista, la ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, confirmó en una entrevista televisiva que la decisión sobre el impuesto a las eléctricas "está tomada" y "comunicada" y reclamó un "esfuerzo" a las empresas energéticas. En esta línea, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, también vio con buenos ojos gravar los "escandalosos" beneficios de las empresas eléctricas y "que aporten más" a la recaudación.

Por su parte, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, aseguró "ignorar" la propuesta fiscal planteada por la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, para las grandes compañías eléctricas aunque aseguró que, en todo caso, "todo el Gobierno está alineado" con el objetivo de asegurar "un reparto justo" del impacto de la guerra en Ucrania, y entre ellas, subrayó, está "gravar o evitar los beneficios extraordinarios de las eléctricas".