Jueces y fiscales, molestos por “la falta de respeto” de Sánchez con los indultos del procés

"Con la dureza del informe del Supremo a ver cómo justifica el Gobierno los indultos de los condenados del Procés", manifiestan a COPE fuentes jurídicas. Y no sólo por el informe de la Sala de Marchena, señalan. Hay que tener en cuenta el de la Fiscalía, que también fue muy duro, en consonancia con la actuación de los cuatro fiscales a lo largo de todo el procedimiento. La Abogacía del Estado se puso de perfil y se ciñó al delito de malversación. El daño económico ya estaba reparado, algo que favorece a los condenados. Jueces y fiscales expresan malestar por la actuación del Gobierno, por la “falta de respeto” que muestran hacia el Poder Judicial, señalan las fuentes consultadas. No entienden las palabras de Pedro Sánchez. Ni les gustan.

El informe dela Sala de Marchena es contundente y muy claro, aunque no sea vinculante, como ningún informe. El escrito del Supremo destaca que ninguna razón alegada justifica el indulto. Es más, desenfocan su sentido. Responde y deja claro que la condena no ha vulnerado ningún principio de proporcionalidad de las penas impuestas. Recuerda que la sentencia proclamaba que el delito de sedición es algo más que un delito contra el orden público. Lo que describe el juicio histórico es un ataque a la paz pública.

El Supremo hace hincapié en que no hay el más débil indicio ni la más mínima prueba de arrepentimiento, sino todo lo contrario. Hay voluntad de reincidir, y así lo han transmitido tanto en el derecho a la última palabra en el juicio como en otras declaraciones. La Sala cita expresamente el caso de Jordi Cuixart, dijo que su compromiso social le impide el arrepentimiento. Sus palabras son la mejor expresión de que el indulto es inaceptable para la extinción de la condena, dice el tribunal, expresan una actitud antidemocrática. Y añade que el indulto no puede presentarse como una segunda instancia ante el Gobierno ni como último mecanismo para reparar la supuesta vulneración de derechos fundamentales. El Supremo señala que los condenados pretenden que el Gobierno corrija la sentencia del Supremo.