La juez del 8-M rechaza imputar a Fernando Simón porque la investigación se centra en el Delegado del Gobierno

La magistrada que instruye la causa sobre la manifestación del 8M ha rechazado actuar contra el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, dado que este procedimiento "no se dirige" contra a él, y ha recordado que hay dos juzgados que ya tienen asuntos contra el epidemiólogo.

La titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que ha citado como investigado en la causa al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha rechazado ampliar la denuncia de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena en relación a Simón.

"Este procedimiento no se dirige frente al citado denunciado", indica la magistrada en una providencia en la que explica que "al menos dos juzgados diferentes tienen asuntos ya registrados en trámite" contra Simón, "indiciariamente por los mismos delitos recogidos en la ampliación de la denuncia" presentada por dicha asociación.

Ante la "multitud" de escritos que ha recibido el juzgado "por quien no está personado y en relación con hechos que no son objeto de la presente investigación", la jueza aclara que "los únicos hechos investigados" por ella son las decisiones tomadas a raíz de la crisis sanitaria derivada del COVID-19 por el delegado del Gobierno de Madrid en relación a "las concentraciones y manifestaciones que le fueron comunicadas con anterioridad al 14 de marzo de 2020".

Según la jueza, la asociación - a quien ha admitido que se persone como acusación popular si presenta un poder especial y presta 1.000 euros en concepto de fianza- debería presentar la ampliación ante los juzgados que ya tienen asuntos contra Simón y no ante el suyo.

La magistrada tiene pendiente no obstante pronunciarse sobre la petición de imputación a Simón por los presuntos delitos de desobediencia y denegación de auxilio que ayer realizó la Asociación contra la Gestión del Coronavirus.

En la misma providencia, cita a declarar como testigos para el 11 de junio a los responsables de varias asociaciones y sindicatos que tenían previsto realizar manifestaciones o concentraciones en fechas próximas al 8 de marzo y que, según un informe de la Guardia Civil remitido al juzgado, las suspendieron por motivos sanitarios.

En varios casos, de acuerdo con ese informe, los organizadores recibieron llamadas de la Delegación del Gobierno (que no quedaron registradas), animando a desconvocar los eventos previstos.

El citado informe ha generado una crisis dentro del instituto armado, ya que fuentes de este organismo apuntan a que el Ministerio del Interior cesó al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, por no informarle de ese trabajo y poco después dimitió el director adjunto operativo del cuerpo Laurentino Ceña.

La jueza ha decidido que un día después de que Franco comparezca en el juzgado como investigado acudan como testigos los responsables de la Asociación de Personas Aptas sin Ayuda de Alquiler, Defensa del sistema público de pensiones de Getafe, la Plataforma de Pensionistas de Alcorcón, CGT Madrid, CGT Amazon, el colectivo de afectados de Forum Afinsa, y el sindicato de Oficios Varios del Sur CGT.

Por otra parte, la magistrada rechaza tener por ampliada la denuncia en relación a un conjunto de funcionarios de la Delegación del Gobierno, a los que "sin identificar" imputa una serie de delitos de los que no hay indicios de comisión, y deniega a su vez varias personaciones como acusación dado que sus escritos no cumplen con los requisitos exigidos por la ley.