El juez pide identificar al policía que hirió a un joven con una pelota de goma el 1-O

El juez de Barcelona que investiga la actuación policial del 1-O ha encargado a los Mossos d'Esquadra que identifiquen al agente de la Policía Nacional que disparó la pelota de goma que causó lesiones oculares a un activista, así como que analice la distancia entre el escopetero y el joven.

En un auto, el titular del Juzgado de instrucción numero 7 de Barcelona, Francisco Miralles, admite a trámite la querella por un delito de lesiones interpuesta por Roger Español, que el día del referéndum del 1-O recibió en el ojo el impacto de una pelota de goma en las inmediaciones del instituto Ramon Llull de Barcelona.

En su resolución, el magistrado acuerda la mayoría de diligencias planteadas por el joven, representado por el colectivo Iridia en defensa de los derechos humanos, con el objetivo de identificar al agente que disparó la pelota de goma cuando la Policía Nacional se retiraba del instituto Ramon Llull entre abucheos y el lanzamiento de algunas vallas por parte de un grupo de independentistas.

El juez decidirá sobre la declaración de los tres agentes querellados, el escopetero, un inspector y un subinspector, y sobre la testifical de otro mando cuando tenga el resultado de las diligencias que ha encargado, según precisa en su resolución.

En su escrito, el juez encarga a los Mossos d'Esquadra que, a partir de los vídeos que obran en la causa, trate de identificar al escopetero, así como que elabore un estudio pericial para determinar la posición del agente y la distancia desde la que disparó.

El magistrado ha requerido además a la Policía Nacional que le detalle el número de furgonetas, matrículas y números identificativos y orden por el que los agentes bajaron por la calle Sardenya de Barcelona desde Consell de Cent, en las inmediaciones del instituto, así como todos los informes relativos al uso por parte de este cuerpo de pelotas de goma, que en Cataluña están prohibidas para los Mossos d'Esquadra desde mayo de 2014.

También pide a la Policía Nacional una relación del armamento utilizado en el colegio Ramon Llull el 1 de octubre, indicando el tipo, modelo, fabricante y fecha de adquisición, así como las imágenes en vídeo o fotografías que pudieron haber captado los propios agentes en este punto de votación.

Otra de las diligencias que solicita al magistrado a instancias de los querellantes es requerir a la Policía una copia de las comunicaciones entre el centro de mando organizado para el 1-O y los agentes que actuaron en el colegio Ramon Llull.

En su resolución, el magistrado también acuerda citar a los testigos solicitados por el querellante.

El joven cuenta con el apoyo del colectivo Iridia y con el del Ayuntamiento de Barcelona, que se ha personado como acusación popular debido a "la pasividad de la Fiscalía frente a estos hechos", según anunció el teniente de alcalde Jaume Asens en una rueda de prensa el pasado 14 de noviembre, cuando se interpuso la querella.

Asens sostuvo entonces que el 1-O no se estaba produciendo "ningún hecho que justificara el uso de las pelotas de goma" que, según recordó, están prohibidas en Cataluña para los Mossos d'Esquadra, por lo que su uso supone "un insulto a las víctimas, a sus familias, a las asociaciones de derechos humanos y a la soberanía" de Cataluña.