La justicia alemana sigue rechazando el cargo de rebelión contra Puigdemont

La Audiencia Territorial de Schleswig Holstein mantiene su rechazo a incluir el cargo de rebelión en el proceso contra el expresidente catalán 

Puigdemont en Alemnia

Rosalía Sánchez

Publicado el - Actualizado

2 min lectura

La ampliación del pliego de acusación presentado a primera hora por la fiscalía no va a servir para nada. La Audiencia Territorial de Schleswig Holstein, que apenas ha dedicado unas horas a la lectura y consideración del nuevo material probatorio aportado por el Supremo español y avalado por la Fiscalía alemana, ha hecho público su rechazo a incluir el cargo de rebelión en el proceso de extradición contra el expresidente autonómico catalán Carles Puigdemont.

En una decisión adoptada este martes, tras el examen de las nuevas pruebas. la audiencia mantiene explícitamente su postura del 5 de abril, en la que consideró "en principio inadmisible" una extradición de Puigdemont por rebelión, en respuesta a la anterior petición de la fiscalía del pasado 9 de mayo para que así se considerase.

Quedarían en activo los delitos de “alteración especialmente grave del orden público” y malversación de fondos públicos, que podrían justificar la extradición igualmente, pero por penas de alrededor de 15 años de prisión.

El tribunal desoye así la petición de la Fiscalía del Estado alemán de Schleswig Holstein, que insistía en su petición de extradición por el delito de rebelión. En un escrito presentado hoy mismo, la Fiscalía pedía que se reactive la orden de detención contra Puigdemont, después de estudiar la nueva documentación enviada por las autoridades españolas. “Los disturbios alcanzaron tal dimensión que la Fiscalía general sume que debe procederse a la extradición también por rebelión”, afirmaba el texto, “según la ley alemana, no solo se le aplicaría el delito de alta traición, equivalente al de rebelión español, sino también en cualquier caso por el delito agravado de perturbación del orden público”. La perturbación del orden público, sería el equivalente al delito de sedición, una posibilidad que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha transmitido recientemente a la justicia alemana en un escrito.

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