El 55% de los niños que comparece en juicios de divorcios lo hace en un espacio hostil

La toga les impone. También los jueces, los fiscales y los abogados. Tener que acudir a un juzgado por la separación de sus padres les puede llegar a producir miedo, tensión o ansiedad. Llegan nerviosos. No están acostumbrados y tienen miedo a lo desconocido. Les da miedo poder decir algo que perjudique a sus padres. Son los mayores de 12 años los que tienen derecho a ser escuchados ante el juez, en casos de divorcio o separación, cuando hay discrepancias entre los padres sobre asuntos que afectan a los menores, como pueden ser la guarda y custodia, el régimen de visitas, el lugar de residencia, un cambio de colegio o la celebración de un acto religioso. El año pasado, 300.000 niños se vieron afectados por un procedimiento de familia, según datos del Observatorio del Derecho de Familia. Y el 55 % de los niños que tuvieron que ir a un juzgado comparecieron en un juzgado hostil.

Los abogados de familia piden al Ministerio de Justicia que se habiliten salas para que los niños puedan ser escuchados. Muchas veces acuden el mismo día del juicio y van con falta de información. Por eso, es necesario que les expliquen por qué van al juzgado, qué va a ocurrir, y por qué es importante su participación en el proceso. La experiencia no es positiva para los menores, y los edificios no están preparados para ellos. En pocos juzgados hay “salas amigables” para niños, nos cuenta Beatriz de Pablo, vocal de la Asociación de Abogados de Familia (AEAFA). Una sala especial, como la que tienen en algún juzgado de Pamplona, con mesas pequeñas, sillas de colores y dibujos en la pared. “Una sala amigable en la que el niño pueda estar tranquilo. No es una sala de vistas, con un estrado, con banderas, con señores y señoras vestidos de negro que empiezan a preguntar”, detalla esta letrada.

Pero hay jueces que toman la iniciativa para que los niños se sientan más cómodos y tranquilos. A través de una carta, les explican por qué tienen que ir al juzgado. Es el caso de Natalia Velilla, juez de familia de Móstoles, Madrid. Esta magistrada les cuenta en la carta el motivo de llamarles, les explica que es una decisión del juez, no de los padres del niño. La entrevista será en su despacho, en el que también estará la fiscal que defiende los intereses de los niños, y la letrada de la Administración de Justicia, que tomará las notas. Les explica, además, nos cuenta Natalia Velilla, que ”no van a estar ni sus padres ni sus abogados, es una entrevista privada, y hablar es un derecho, no una obligación. Pueden no hablar con el juez, si no quieren, pero eso me lo tienen que decir ese mismo día, el día que acudan al juzgado, a mi despacho”. Velilla deja claro al menor que no es responsable de nada, y que la decisión que tome es exclusivamente de ella, de la jueza. Y tanto ella, como la fiscal y la letrada de la administración de Justicia, están para ayudarle. Y el niño puede preguntar todo lo necesario para entender los problemas y quedarse tranquilo.

Es una iniciativa que lleva pocos meses, pero que da resultados y los menores se sienten menos nerviosos, más relajados. Se trata de quitar hierro, dice la magistrada, que sepan, que es un derecho, que se puede tener en cuenta su opinión, pero que sepan, también, que deciden los adultos.

Esta carta va acompañada de un comic. Un comic elaborado por CEMIN, la Confederación por el Mejor Interés de la Infancia, en el que explica el procedimiento de una manera cercana y gráfica, al igual que el papel de los actores de la Justicia.

A la abogada Beatriz de Pablo le parece una buena idea. Como también le parece que estos temas sean exclusivos de los juzgados de familia, y piden al Ministerio de Justicia que haya más especialización, como también piden esas “salas amigables”, pero el Ministerio no les ha hecho, todavía, mucho caso. “Este actual Gobierno no tiene mucho interés en escucharnos, no nos ha recibido”, explica Beatriz de Pablo.