Los obstáculos imprevistos de los decretos del Gobierno

La estrategia de campaña de Pedro Sánchez se puede topar con la dura realidad del Reglamento del Congreso. Los planes del presidente pasaban por aprobar una serie de decretos-sociales con medidas electoralistas, por darle a la máquina del dinero, aunque no hubiera soporte presupuestario alguno... La hoja de ruta de Moncloa era sencilla: se envían a la cámara sus iniciativas, y salen adelante en pleno periodo pre-electoral e incluso electoral.

Desde ayer las cámaras están disueltas (el Gobierno, no), y cualquier iniciativa del ejecutivo queda en manos de la Diputación Permanente. El Gobierno ya había pactado con otros grupos, dar luz verde, por ejemplo a su decreto sobre la vivienda y el alquiler, sin ningún tipo de problema... Y es que, aunque su ofensiva fuera del tiempo podría ser políticamente censurable, era jurídicamente correcta.

El problema es que la Mesa de la cámara, amparándose en el artículo 151.5 de su reglamento, ha decidido solicitar a los letrados un informe sobre cómo puede tramitar como ley un decreto ley, lo que podría retrasar su convalidación. ¿Por qué? Porque si se tramitara como ley (para ello se necesitaría que la mayoría absoluta de la Diputación permanente así lo pidiera), se tendría que abrir un periodo de enmiendas que se presentarían ante la comisión parlamentaria correspondiente. Problema: que, con la disolución de las cortes, las comisiones han quedado fuera de juego, y no se sabría a quién enviar esas enmiendas.

El problema desaparecería si la Diputación rechazara tramitarlo como ley, pero ¿cómo explicaría por ejemplo, Podemos ante su electorado que renuncia a regular los precios del alquiler o a introducir enmiendas acordes a su programa electoral en los sucesivos decretos del Ejecutivo?.

Fuentes consultadas por la COPE apuntan que, al igual que ha pasado con Franco, el Gobierno se ha precipitado, no ha tenido en cuenta todas las variables, y se ha podido meter en un nuevo charco, por hacer las cosas mal. Cabría recordar, por ejemplo, la famosa frase que James Carville, asesor económico de Bill Clinton, le espetó al entonces candidato para que llegara a la Casa Blanca: “es la economía, estúpido”, le dijo. Y en este caso, es el Reglamento del Congreso.

El PP ha confirmado que recurrirá esa ofensiva del Gobierno ante la Junta Electoral Central, aunque, sobre el papel, tiene pocos visos de prosperar. Lo que sí ha hecho la JEC es aprobar sus instrucciones de cara a los comicios que vienen: los de abril y los de mayo. Los poderes públicos no podrán “organizar o financiar, directa o indirectamente, actos que contengan alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos”, y también queda prohibido cualquier acto de inauguración de obras y servicios públicos o proyectos, sea cual sea la denominación utilizada. Pero nada dicen, porque la ley no lo recoge, de aprobar decretos-leyes en época electoral.