Los pasos del Supremo para decidir si investiga a Pablo Iglesias

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, se encuentra a las puertas de ser investigado por el Supremo tras la petición del juez del caso Dina aunque todavía quedan una serie de tramites para culminar la apertura de una causa contra él en el alto tribunal que, incluso, puede rechazarlo.

Se trata de un nuevo escenario en el futuro judicial de Iglesias provocado por la decisión del juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, que ha elevado exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigue al vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, por denuncia falsa en relación a la pieza de Dina sobre el robo del móvil a la exasesora de Podemos Dina Bousselham.

García Castellón ha optado por dirigirse al Tribunal Supremo (TS) al no poder imputarle en relación a esta causa por tratarse de un aforado, cuya competencia recae en la Sala Segunda del alto tribunal.

Una vez que el Supremo reciba la exposición razonada, el asunto pasará a manos de la sala de admisión compuesta por el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Eduardo de Porres, quienes deberán designar un ponente encargado de redactar la resolución que deberá exponer ante el resto de la sala. Nombrado el ponente, la sala deberá pedir a la Fiscalía que emita un informe sobre si debe o no investigar al líder de Podemos.

Y ya cuando la Fiscalía tenga listo su informe, que no tiene límite para su entrega ni es vinculante, lo remitirá a los magistrados para que decidan si se archiva o se admite a trámite la exposición razonada, es decir, será el momento en que el alto tribunal se pronuncie sobre si abre o no causa contra Iglesias.

En caso de abrir un procedimiento se designaría un instructor, que no podría ser ninguno de los magistrados que conforman dicha sala de admisión, cuya designación responde a un turno previamente establecido por los criterios que conforman la Sala de lo Penal.

Ya este escenario contempla la citación líder de Podemos como investigado, para lo cual el juez debería dirigirse al Congreso de los Diputados para solicitar el suplicatorio, si bien existe la opción de que el imputado, por su condición de aforado, pueda acudir voluntariamente cuando desee a prestar declaración judicial. Corresponde al presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, enviar la petición a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, quien a su vez traslada el asunto a la Mesa de la cámara baja.

Si en el órgano de gobierno de la Cámara hay acuerdo, Batet enviará la petición del suplicatorio a la Comisión del Estatuto del Diputado, que preside ahora la socialista Begoña Nasarre. Es indispensable dar audiencia al afectado, que podrá exponer sus alegaciones presencialmente o por escrito. Luego, la Comisión redactará un documento que deberá votar el pleno en sesión a puerta cerrada y si sale adelante, Batet enviará el suplicatorio al TS.

Varios políticos en ejercicio se han enfrentado a un suplicatorio. El precedente más reciente es el de la actual portavoz de JxCat, Laura Borràs, investigada por presuntas irregularidades en contrataciones de la Institució de les Lletres Catalanes cuando fue directora entre 2013 y 2017.