Los seis meses perdidos del estado de alarma: el Gobierno no mueve ficha y oposición y CC.AA se impacientan

A menos de un mes de su posible final, el estado de alarma ha pasado a generar más inseguridad que seguridad a todos los niveles en España. ¿Por qué? Si el principal escudo normativo contra la pandemia acaba por levantarse el próximo 9 de mayo, la barra libre será una realidad. Lo cual no genera ningún tipo de entusiasmo, ya que el coronavirus, aún en plena cuarta ola (u “olita”), podría descontrolarse todavía más ante la incertidumbre en cuanto a la maniobrabilidad administrativa.

En los seis últimos meses, el segundo estado de alarma pandémico ha posibilitado la restricción de la movilidad nocturna gracias al toque de queda. También ha servido al Gobierno para ceder a las Comunidades Autónomas la gestión generalizada de las restricciones contra el virus. A través de cuatro niveles de alerta para permitir o limitar una serie de actividades, desde Moncloa se quiso acabar con el mando único de la primera alarma.

Sin embargo, en los distintos Gobiernos autonómicos no se ven capacitados para hacer frente a la covid-19 sin el paraguas jurídico del estado de alarma. Sobre todo, porque su final también será el del toque de queda, los cierres perimetrales y las prohibiciones relativas a las reuniones y los aforos. Así, se considera que el caos está asegurado ante la falta de un marco legal uniforme que ayude a prolongar las restricciones todavía por un tiempo.

Es cierto que cada Comunidad podría decretar un estado de alarma propio por su cuenta y riesgo. Pero seguir tirando de excepcionalidad constitucional y depender del refrendo de los tribunales de turno para las medidas que se adoptasen no convence. Sí lo haría contar con una alternativa legal que sustituya al decreto nacional. Una fórmula que el Ejecutivo central no ha contemplado en los seis últimos meses y que ahora no se le deja de solicitar antes de que sea demasiado tarde.

No sólo lo han hecho desde la inmensa mayoría de formaciones políticas. También el mismísimo Consejo de Estado ha abogado por modernizar la ley que saldría a la palestra como justificante para controlar la pandemia sin estado de alarma: la ley orgánica de 1986 de Medidas Especiales de Salud Pública. Un texto que, según el “supremo órgano consultivo del Gobierno”, no validaría, por ejemplo, la “ley de pandemias” que Galicia ha aprobado, como reforma de su ley de Salud, para cubrirse las espaldas.

No es la única región española que se ha aventurado a hacer la guerra por su cuenta ante el silencio de Pedro Sánchez y su equipo en cuanto al día después al estado de alarma: País Vasco y Aragón también han preparado leyes propias para poder mantener la severidad de sus restricciones si no hay un plan B para todos.

Esa alternativa no llega porque desde el Gobierno se considera que la ley de Salud Pública es suficiente y que, además, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud servirá para que haya un marco de actuación común. También se confía en la labor arbitral de la Justicia, aunque no está garantizado al cien por cien que esta dé su aval a las restricciones autonómicas correspondientes.

Como los precedentes no hablan precisamente bien de la posición que el Gobierno ya mantuvo también entre junio y octubre de 2020, la solución más factible y menos engorrosa a día de hoy resultaría prolongar el actual estado de alarma. Es lo que piden País Vasco, Andalucía y Murcia frente a las Comunidades que solicitan una ley o leyes propias de pandemias (las gobernadas por el PP) y aquellas que abogan por acabar con la excepcionalidad (las socialistas).

Por eso, y mientras todo este galimatías se resuelve, ni siquiera está claro que el estado de alarma vaya a expirar el 9 de mayo. Esgrimir que será así de puertas para afuera podría ser una estrategia gubernamental para no tener que negociar una nueva prórroga en plena campaña de las elecciones madrileñas. Lo cual llevaría a que el decreto pudiese aprobarse directamente por el Consejo de Ministros, como ocurrió en octubre, entre el 5 y el 9 de mayo.

Con la falta de consenso sobre qué hacer y qué no también presente en el gabinete de Sánchez, es imposible obviar la sensación de tiempo perdido que reina en el ambiente. Pase lo que pase, el coronavirus habrá vuelto a ir por delante de la Administración una vez más.