Policía y Guardia Civil realizarán atestados más completos para agilizar desalojos de okupas

La Policía Nacional y la Guardia Civil mejorarán los atestados ante los casos de okupaciones, de forma que en ellos se incluya más información para agilizar el desalojo judicial cautelar de un inmueble allanado o usurpado, al tiempo que cualquier ciudadano podrá alertar con su móvil a los agentes de la comisión de estos delitos de forma inmediata.

Son algunos de los aspectos más relevantes que contempla la instrucción del Ministerio del Interior a las fuerzas de seguridad publicada este jueves y que la víspera avanzó el ministro Fernando Grande-Marlaska, con el objetivo de dotar a los agentes de un protocolo de actuación más claro y eficaz ante las okupaciones.

Como norma general, los policías solo podrán desalojar sin autorización judicial en caso de delito flagrante, algo que, según el Tribunal Supremo, debe responder a tres criterios: inmediatez en la acción (se tiene que estar cometiendo), inmediatez personal y necesidad urgente de intervención policial.

En el resto de casos cuando no se puede acreditar esa flagrancia, el desalojo tendrá que instarlo la Fiscalía.

Fuentes del departamento de Grande-Marlaska dejan claro que el protocolo no es una norma, sino una instrucción para "clarificar" y "homogeneizar" los modos de actuación de las fuerzas de seguridad conforme a la legislación actual y de acuerdo con los criterios establecidos por la Fiscalía General del Estado en otra instrucción publicada la semana pasada.

Desde Interior admiten que si bien las okupaciones no se han incrementado notablemente, existe una percepción subjetiva de inseguridad ligada a este fenómeno y, por tanto, hay que darle respuesta.

Así, la instrucción firmada este jueves por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, remitida a las direcciones generales de ambos cuerpos para su traslado a los operativos, incluye medidas para mejorar los atestados de denuncia de okupación.

"Que los atestados se afinen mucho más para agilizar la resolución judicial y ver si procede judicialmente el desalojo cautelar", explican fuentes de Interior que citan, como ejemplos de esa información que puede contener los atestados, la declaración de vecinos al inmueble okupado, el título de propiedad por parte del denunciante, el resultado de la inspección ocular en los alrededores u otros elementos de prueba del delito.

Se trata, en definitiva, de que una vez las fuerzas de seguridad trasladen a la autoridad judicial esas denuncias, el juez y el fiscal cuenten con elementos suficientes para acordar en su caso el desalojo de ese inmueble okupado y no alargar el procedimiento judicial.

Alertar por el móvil de la okupación

Además de la mejora de los atestados, Interior habilitará este mes en la aplicación para móviles Alertcops una herramienta específica para que cualquier ciudadano, sea propietario de un inmueble usurpado o un vecino, pueda alertar con su teléfono a las fuerzas de seguridad de que un inmueble ha sido okupado e, incluso, pueda proporcionar a los agentes fotos del lugar.

La instrucción de Interior también incluye actuaciones de tratamiento, información y asesoramiento a las víctimas, para lo que aprovecharán los canales de contacto e información al ciudadano de sus páginas web oficiales, redes sociales y la propia aplicación Alertcops, que recogerá recomendaciones y mensajes preventivos e información general sobre el modo de actuar en caso de ser víctimas de este tipo de delitos.

No olvida el protocolo un refuerzo en la investigación de las mafias de la okupación o los delitos conexos que en ocasiones conllevan, como la defraudación del fluido eléctrico o las coacciones al resto de vecinos.

Pero la instrucción también indica que en algunos casos de ocupación ajena hay situaciones de verdadera vulnerabilidad, como la presencia de menores entre los ocupantes. En estos casos, y sin renunciar a la restitución a su dueño del inmueble allanado, las fuerzas de seguridad ejercerán su papel legal de agente desencadenante de una respuesta ágil por parte de las entidades e instituciones sociales y asistenciales.