El TC prevé un largo debate sobre si suspende la iniciativa de independencia del Parlament

El Tribunal Constitucional prevé un largo debate sobre la admisión del recurso del Gobierno contra la iniciativa legislativa popular (ILP) que el Parlament admitió a trámite el pasado 20 de febrero para declarar la independencia de Cataluña, que llevaría aparejada su suspensión cautelar.

Pese a tratarse de un recurso del Gobierno y de la amplia doctrina constitucional respecto del proceso independentista catalán, fuentes jurídicas adelantan a EFE que "el asunto no es nada sencillo".

Esto es así porque, de otra parte, tiene la particularidad de que no es un recurso de inconstitucionalidad contra una ley sino un recurso de impugnación de disposiciones autonómicas sin fuerza de ley, cuyo objeto es el acuerdo de la mesa del Parlament de admitir a trámite la iniciativa legislativa popular.

Las fuentes destacan que se trata de "un procedimiento escasamente utilizado", "sin apenas precedentes" y se remiten para ello a la admisión a trámite por la mesa de la asamblea del País Vasco del proyecto de reforma del estatuto, el llamado 'plan Ibarretxe'.

El precedente del Plan Ibarretxe

En 2003, el Gobierno de Jose María Aznar impugnó el acuerdo de la Mesa que inició la tramitación del plan Ibarretxe y pidió su suspensión inmediata al entender que vulneraba la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el Reglamento del Parlamento vasco

Pero el TC inadmitió el recurso del Ejecutivo por siete votos a cinco al alegar que el plan se encontraba en trámite parlamentario y aún no era "una resolución, disposición o acto" integrado en ordenamiento jurídico.

Además, el TC explicó que si pudieran declararse antijurídicos no sólo normas, sino "simples proyectos de normas" o la "sola intención de producir normas" sería imposible acometer reformas legales.

El pleno, que arranca el martes 9, decidirá si admite a trámite ese recurso, admisión que llevaría aparejada la suspensión cautelar automática del acuerdo de la Mesa, al ser el Gobierno quien lo pide. El ponente es el magistrado conservador Enrique Arnaldo.

El pasado 26 de marzo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, señaló que este recurso "es absolutamente coherente" con la política del Gobierno de Pedro Sánchez porque este recurso "protege la Constitución, las instituciones de Cataluña y protege el diálogo, los acuerdos y que seamos capaces de entendernos".

Y añadió que el Ejecutivo va en contra de cualquier iniciativa "que sea divisiva, fracture la sociedad y genere tensión" como cree que ocurriría con la tramitación de esta ILP, que también ha sido recurrida ante la corte de garantías por el PSC .

La Mesa del Parlament admitió a trámite esta iniciativa promovida por Solidaritat Catalana per la Independència (SI), con los votos a favor de Junts y la CUP, la abstención de ERC y el voto en contra del PSC y a pesar del informe consultivo negativo de un letrado.

La polémica de las multas a los partidos políticos pequeños

También verá una cuestión planteada por el Tribunal Supremo que afecta a la Ley de financiación de partidos sobre la proporcionalidad de las multas por exceso de gasto electoral.

Una cuestión que tiene una gran repercusión en los partidos locales y provinciales, convertida ya en una eterna reivindicación de estas formaciones, que ven las sanciones desproporcionadas.

El valor en España de las resoluciones de la ONU

Asimismo, los magistrados van a retomar otro recurso que pone sobre la mesa el valor en España de las resoluciones de las comisiones de derechos humanos de la ONU.

Se trata del caso de Alí Aarrass, un ciudadano belga de origen melillense, que fue detenido en 2008 en la ciudad autónoma acusado de pertenecer a una red yihadista y que fue extraditado a Marruecos por la Audiencia Nacional.

Aarrass ha pasado 12 años en prisión en los que ha denunciado ser víctimas de torturas desde su llegada al país vecino, un hecho avalado por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria y el Comité de la ONU contra la Tortura.

Ahora, la corte de garantías debe estudiar la efectividad de esas resoluciones de Naciones Unidas y si le corresponde una indemnización, ya que el recurso no plantea un error judicial en el caso sino una cuestión de responsabilidad patrimonial, explican las fuentes.