La renovación del Constitucional o el intento del Gobierno de "controlarlo" como sea

La Constitución exige la renovación de un tercio, que son cuatro magistrados, no sólo los dos que corresponden al Gobierno

La renovación del Constitucional o el intento del Gobierno de "controlarlo" como sea

Patricia Rosety, jefa de Tribunales de COPE

Publicado el - Actualizado

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“Sería un descrédito para el Gobierno” nos dicen fuentes jurídicas. Un descrédito que Pedro Sánchez intente nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden sin esperar a la renovación del CGPJ, que le conciernen los otros dos nombramientos y no puede hacerlo en funciones tras la reforma del Gobierno del año pasado. El mandato de cuatro magistrados, un tercio, finaliza el 12 de junio, mandato que quedará prorrogado hasta que se renueve. Y los cuatro magistrados son el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares. Tres a propuesta del PP y uno a propuesta del PSOE.

El Gobierno de Pedro Sánchez anunció su intención de nombrar a los dos magistrados a pesar de que el CGPJ no pueda hacerlo. Iniciativa que devolvería la mayoría progresista al TC. Pero, según fuentes del Constitucional, si el Ejecutivo se atreve a hacerlo podría encontrarse con el rechazo del tribunal a la idoneidad de los dos nuevos magistrados. No podrían tomar posesión porque la mayoría conservadora rechazaría esa renovación. Desde el TC dicen a COPE que la Constitución es muy clara y exige la renovación de un tercio, y el tercio son cuatro magistrados.

“Nunca se ha dado un caso así”. Otras fuentes nos dicen que sería “radicalmente inconstitucional”. Y añaden que “no vale todo para querer controlar el Constitucional como sea”. Otra cuestión, nos dicen desde el CGPJ, sería que el Constitucional se pronunciase sobre los recursos del PP y de VOX contra la reforma del Gobierno que recortó el cometido del Consejo. Si les da la razón se podrían volver a hacer nombramientos y se desatascarían los tribunales. Las fuentes del Consejo tienen muy claro que la reforma que recorta las funciones es inconstitucional. Pero estos recursos están en manos de magistrados del sector progresista.

El problema que ven todos es que todo estará parado hasta que no pasen las elecciones andaluzas y hay asuntos que no pueden esperar. Como también consideran que pasa de “castaño oscuro” que el Consejo lleve caducado 42 meses y más de 1.200 días. Se preguntan si en la Apertura del Año Judicial estará Carlos Lesmes diciendo lo mismo por enésima vez o si habrá acuerdo a mediados de julio, como dicen algunas fuentes.

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