Sánchez convierte la educación concertada en un enemigo estratégico tras un año en la Moncloa

Mucho tiempo ha pasado desde que el gobierno socialista de Felipe González creó los colegios de iniciativa privada sostenidos por impuestos en 1985 por medio de la LODE o Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación. Una iniciativa que nació fruto de una falta de recursos por parte del Gobierno para mantener la educación pública y que Pedro Sánchez ha utilizado como un pilar estratégico de ataque en el último año, desde que la ministra de Educación, Isabel Celaá, lanzara el primer aviso a la concertada en julio de 2018.

El primer dardo del nuevo gobierno socialista fruto de la moción de censura fue contra el artículo de la Lomce de “demanda social” que preveía un incremento de las plazas en el caso de que aumentara la demanda. En palabras de la ministra, esta “demanda social” discriminaba a la educación pública.

Una reforma de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que se hizo efectiva el pasado febrero de 2019 junto con un ataque a la asignatura de Religión. En 2013 la ley establecía Religión como una asignatura "específica" en  Primaria y Secundaria, optativa y evaluable en estas dos etapas educativas. En Bachillerato, por su parte, era una asignatura ponderable como “específica”. Tras la reforma del Gobierno, Religión dejó de ser una asignatura ponderable y quedaba sustituida por otra sobre valores éticos y cívicos.

Más recientemente, la últimas de las maniobras del PSOE en el terreno de la educación concertada viene recogida en su programa electoral de cara a las elecciones generales del pasado 28 de abril. La propuesta consistía en la prohibir la educación diferenciada por sexos. “Prohibiremos la escolarización con criterios de segregación en los centros sostenidos con fondos públicos”, aparecía en el programa socialista, además de introducir “la orientación educativa y profesional del alumnado con perspectiva inclusiva y no sexista”.

El último desplante de Sánchez a la concertada ha ocurrido en los últimos días y por partida doble, uno indirecto y otro indirecto. De manera directa, el líder socialista ha evitado reunirse con la concertada en la ronda de conversaciones con la comunidad educativa. De manera indirecta, los gobiernos socialistas han concedido las consejerías y competencias en Educación a los partidos que les han permitido gobernar en comunidades autónomas como Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana y Navarra.

En Baleares, esta competencia quedaría en manos de Més Per Mallorca, que en su programa incluye “homogeneizar el conocimiento de catalán” entre profesores de la educación pública y la educación privada. En Aragón, Chunta proponía antes de las elecciones revisar la normativa en los procesos de admisión en las concertadas, así como “evitar cesiones de suelo dotacional escolar público para la construcción de centros educativos privados o concertados”. Por último, en Navarra, Geroa Bai (PNV) queda con las competencias educativas después de incluir en su programa “más controles para evitar que la concertada seleccione a su alumnado”.