Sánchez Mato, el acusador que acabó acusado

El responsable de Políticas Económicas de Izquierda Unida y concejal del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, negocia en nombre de Unidos Podemos los Presupuestos Generales del año que viene, según informa El Confidencial.

El economista de Izquierda Unida ha sido uno de los grandes protagonistas de la legislatura en el consistorio madrileño, pasando de ser uno de los hombres fuertes de Ahora Madrid, a ser destituido por Manuela Carmena y perder la concejalía de Economía el pasado mes de diciembre, después de que su partido se negase a votar a favor del Plan Económico Financiero para cumplir con la regla de gasto. Fue la gota que colmó el vaso de una historia de desencuentros entre Izquierda Unida y otros sectores de la heterogénea coalición que sostiene a Manuela Carmena.

Una de esas gotas que fue desbordando el vaso fue la denuncia que interpusieron el entonces concejal de Economía Sánchez Mato y su compañera Celia Mayer contra el equipo del exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón por los acuerdos suscritos con Madrid Trophy Promotion para la celebración del Open de Tenis.

Una denuncia que, según reconoció la propia Carmena, había sido "un error" y además no le habían consultado antes de llevarla a cabo. Un error que constató la propia Justicia, cuando el pasado mes de marzo inadmitió la querella de Sánchez Mato y Meyer,

Según estableció el fallo la querella se inadmitió “no habiendo quedado acreditado ni siquiera indiciariamente la comisión por parte de los querellados de los delitos que les son imputados, no procedería la admisión a trámite de la querella interpuesta”.

Previamente, el Partido Popular había decidido querellarse tanto contra Sánchez Mato como contra Mayer por corrupción, en concreto por un presunto delito de malversación de fondos públicos, al encargar dos informes externos para apoyar la denuncia contra el Open de Tenis.

El juzgado decidió imputar a ambos concejales el 20 de junio de 2017 y ambos declararon como investigados por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario el 18 de septiembre del pasado año. Una investigación que según los propios investigados se trata de "una querella política" y por la que siempre se han negado a asumir cualquier tipo de responsabilidad política, a pesar de que PP y Ciudadanos han pedido repetidamente su dimisión.