Solo en 26 atentados de ETA se ha resuelto la autoría intelectual por sentencia

Solo en 26 atentados de la banda terrorista ETA ha quedado resuelta por sentencia judicial su autoría intelectual y solo nueve miembros de las diferentes cúpulas militares de la organización han sido condenados por haber ordenado la acción.

Esta es una de las conclusiones del "Informe sobre la justicia impartida a los asesinatos terroristas cometidos por ETA", presentado hoy en Madrid por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, Covite.

El informe, que se ha elaborado tras el análisis de 572 sentencias correspondientes a 362 atentados con 540 víctimas, concluye que solo en 24 acciones se ha resuelto la autoría intelectual y material, en tanto que en otros dos -los asesinatos del político Manuel Broseta y del coronel Emilio Fernández Arias- se ha condenado a quienes los ordenaron pero no a quienes lo ejecutaron.

De todos los jefes de las diferentes cúpulas, solo nueve han sido condenados por autoría intelectual, según se refleja en el estudio realizado por Álvaro Herrero, que le ha llevado un año de trabajo.

Se trata de Santiago Arróspide Sarasola "Santi Potros", Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, Juan Carlos Echeandía Zorroza, Francisco Múgica Garmendia "Pakito", José Luis Álvarez Santacristina "Txelis", José Luis Urrusolo Sistiaga, José Javier Arizcuren Ruiz "Kantauri", Francisco Javier García Gaztelu "Txapote", y Ainhoa Múgica Goñi.

El informe recuerda que hay 338 atentados sin resolver y que al menos 1.405 son los terroristas implicados en las acciones analizadas, de los que 897 han sido condenados.

En total, por asesinato o asesinato frustrado se han dictado condenas por 84.882 años de cárcel, además de una cadena perpetúa, la dictada en Francia (en España no existe esta pena) por el atentado en Cap Breton que costó la vida a dos guardias civiles en esa localidad del suroeste de ese país el 1 de diciembre de 2007.

Durante la presentación del informe, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha lamentado los crímenes aún sin resolver y que en muchas etapas se paralizaran sumarios porque se negociaba con ETA. "El Estado de derecho -ha dicho- se ha arrodillado ante ETA".

Ha reconocido el papel de las víctimas para poder reabrir sumarios, un colectivo que es "un dique moral y ahora un asidero para una sociedad que tiene que saber lo que pasó".

Mientras, Carlos Fernández de Casadevante, catedrático de Derecho Internacional Público por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, ha asegurado que el informe revela la "injusticia" por parte del Estado hacia las víctimas.

"No comparto -ha añadido- la imagen idílica de que España es modélica en la forma en que ha tratado a las víctimas. Puede ser que así fuera en asistencia e indemnizaciones, pero hay otras flancos en los que no ha sido así, como por ejemplo el desastre judicial".