CASO KOLDO
Un técnico afirma que las mascarillas investigadas que compró Baleares eran de uso civil
El exsubdirector de Compras y Logística del Servicio de Salud balear, Antoni Mascaró, ha asegurado este lunes que las mascarillas que compró el Govern de las islas en mayo de 2020 a la empresa Soluciones de Gestión, investigada en el caso Koldo, eran para uso civil, no sanitario.
Publicado el - Actualizado
2 min lectura
El exsubdirector de Compras y Logística del Servicio de Salud balear, Antoni Mascaró, ha asegurado este lunes que las mascarillas que compró el Govern de las islas en mayo de 2020 a la empresa Soluciones de Gestión, investigada en el caso Koldo, eran para uso civil, no sanitario.
Mascaró ha comparecido en la comisión del Parlament balear que investiga la compra de 1,5 millones de mascarillas tras declararse la pandemia mundial de covid-19 y ha dejado claro que el lote se adquirió con la intención de "tener un stock de seguridad" para ciudadanos y profesionales.
"Desde el primer momento se decidió que eran de uso en el ámbito civil" y así fueron codificadas en el Servicio de Salud de Baleares (Ib-Salud), ha insistido en varias ocasiones Mascaró, quien ha querido dejar claro que él es un técnico y no está afiliado a ningún partido político.
Su declaración ha respaldado la tesis del PSIB-PSOE, que defiende que los cubrebocas se compraron únicamente para atender las necesidades de la población civil en el momento de la desescalada. Por contra, Vox y PP argumentan que se adquirieron para proteger a los profesionales sanitarios, pero al no tener la calidad exigida por la Unión Europea (UE) terminaron en un almacén y nunca se emplearon.
Mascaró ha explicado que él redactó el informe de urgencia para justificar la compra del material el 4 de mayo de 2020 y otro interno para iniciar el 6 de julio la reclamación a Soluciones de Gestión de 2,6 millones de euros por "incumplimiento" del contrato porque los cubrebocas eran de una calidad menor a la solicitada.
En concreto, en su informe de reclamación parcial alude expresamente a las "mascarillas quirúrgicas entregadas" por Soluciones de Gestión al Ib-Salud.
También ha desvelado que él dio la orden para que "no se destruyeran" tras haberse iniciado el expediente de reclamación.
El técnico ha insistido en que las mascarillas compradas, de la clase KN95, eran necesarias para la población y cumplían con todos los requisitos exigidos por las autoridades de China, que era el país que en ese momento exportaba mascarillas a todo el mundo.
Ha expuesto que de todo el material que adquirió el Ib-Salut durante la pandemia, Soluciones de Gestión solo aportó el 2 por ciento del total.
La compra se hizo en un momento de gran necesidad de mascarillas y se analizó la misma desde el punto de vista técnico y económico, sin que fuera necesario un pago adelantado del 50 por ciento, como exigían muchos importadores en aquella época.
Este lunes también habían sido llamados a testificar ante la comisión del Parlament otros dos investigados en la trama, Íñigo Rotaeche y Daniel Sierra, que no se han presentado y volverá a ser citados para próximas jornadas y, muy probablemente, se acogerán a su derecho a no declarar.
Esto es lo que ha ocurrido con el empresario, también imputado, Víctor de Aldama, que sí ha comparecido y ha rehusado responder a las preguntas de los diputados.