Una jueza anula el manifiesto de la Universidad de Barcelona en rechazo de las condenas por el 1-O

La titular del Juzgado contencioso administrativo 3 de Barcelona ha anulado el 'Manifiesto de rechazo de las condenas de los presos políticos catalanes y de la judicialización de la política' aprobado por el Claustro de la Universidad de Barcelona (UB) el 21 de octubre de 2019 y condena a la universidad a pagar las costas del proceso, hasta 600 euros.

Según la sentencia, consultada por Europa Press, la universidad forma parte de la administración pública y no es una institución de representación política por lo que está sometida al deber de neutralidad y "no puede asumir como propia una posición política determinada, y tanto menos cuando esa posición es manifiestamente contraria a los valores y principios del ordenamiento jurídico vigente".

La jueza Ana Alonso estima íntegramente el recurso interpuesto por cuatro profesores de la universidad contra la aprobación del manifiesto acordada en una sesión extraordinaria del Claustro de la universidad, que alegaban que vulneraba los derechos fundamentales de libertad ideológica, de expresión y a la educación.

La Fiscalía reclamó por su parte la estimación del recurso, y al Universidad se opuso a que se estimara al negar que se hubieran vulnerado derechos y por falta de legitimación activa de los demandantes.

En la sentencia, la magistrada responde a la UB que su manifiesto no está amparado en el derecho a la libertad de expresión porque, según el Tribunal Constitucional, se trata de un derecho individual del que carecen las instituciones.

"La invocación de la libertad de expresión no justifica ni ampara la asunción de una posición política por parte de una institución pública cuya función no sea precisamente la de la representación política", alega.

Asimismo, considera que defender desde la UB las actuaciones de las fuerzas políticas al frente de la Generalitat "declarados en su mayoría inconstitucionales y perseguidos por la jurisdicción penal", no son solo impugnables sino que, textualmente, dificultan el desarrollo integral de alumnos y profesores que la ley deja en manos de la universidad.

Para la magistrada, el manifiesto impugnado puede afectar a una pluralidad de personas que ante "las actuaciones de la universidad pueden estar o no interesadas en acudir a ella", por lo que acuerda, como pedían los recurrentes que la sentencia se publicite en la web de la UB durante un mes.

MANIFIESTO

El manifiesto consideró que la situación creada a raíz de la sentencia del 1-O como extremadamente grave, y que "no hay margen para el silencio" de la institución universitaria ante la situación actual.

Exigió la "inmediata puesta en libertad de las personas injustamente condenadas o en prisión provisional y el sobreseimiento de todos los procesos penales y administrativos en curso relacionados, y el retorno de las personas exiliadas".

Expresó su apoyo a todas las movilizaciones cívicas y pacíficas que se planteen en favor de los derechos civiles y la libertad de los condenados, y rechazó la "represión y violencia policial".