El juez Llarena también entra en la ecuación de los presupuestos

El Consejo de Ministros aprobará este martes en una reunión extraordinaria el proyecto de ley de presupuestos generales del estado con el riesgo de que el parlamento se niegue a dar luz verde a esas cuentas públicas, y el desgaste que eso supondría para el Gobierno. La situación en Cataluña es lo que sigue marcando esa posibilidad.

El Ejecutivo pasó de rechazar llevar los presupuestos a las cortes sin apoyos (“los esfuerzos vanos conducen a la melancolía”, reiteraba una y otra vez el ministro Íñigo Méndez de Vigo parafraseando a Ortega y Gasset), a decidir dar un paso adelante y obligar al menos a los grupos a retratarse. A ver quién dice que no, apuntaban, a una subida de sueldos de los funcionarios, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, a la exención del IRPF para un millón de jubilados, o a la subida de las pensiones mínimas y de viudedad.

Mariano Rajoy ha ido eliminando obstáculos, pero la decisión del juez Llarena del pasado viernes de enviar a la cárcel al candidato Jordi Turull y a sus futuros compañeros de banquillo, hace muy difícil que el PNV vaya a prestar sus votos al Ejecutivo. Y eso que, como apuntaba hace unos días un miembro del Gobierno, el acuerdo con los nacionalistas vascos incluía inversiones plurianuales para el País Vasco que no saldrán adelante si no hay presupuestos.

Hasta la semana pasada se podía pensar que todo estaba más o menos encauzado. Turull no gustaba como candidato, pero era legal que se presentara, y el fin del 155 parecía estar más cerca (aunque en el Ejecutivo eran conscientes de que esa presidencia hubiera sido efímera por sus importantes cargas judiciales). Eso hubiera allanado el camino para el respaldo del PNV, pero todo cambió cuando el juez Llarena citó por sorpresa a todos los que iban a ser procesado y los envió a la cárcel por el alto riesgo de fuga. Flaco favor hizo a todos ello la huida de Marta Rovira. Los nacionalistas vascos siguen poniendo el grito en el cielo sin entender, apunta el Gobierno, que en España existe separación de poderes, y que el magistrado toma sus decisiones de manera independiente, decisiones que han sido, además, ratificadas por la Sala. El problema es que,para muchos, Puigdemont y su Gobierno minusvaloraron la reacción del estado, y ahora se enfrentan a penas que pueden ir hasta los quince años de carcel.

Lo que el Ejecutivo tiene claro que no va a hacer es contemporizar, abrir la mano en sus exigencias a los independentistas para sacar adelante sus cuentas públicas. Seguirá asumiendo el coste político de esa decisión, y continuará analizando con lupa cada paso que den los separatistas, porque, al final, solo hay dos caminos: o presentan a un candidato sin cargas judiciales; o vamos a unas nuevas elecciones catalanas en el mes de julio. El Gobierno ya consiguió su principal objetivo: que ni Puigdemont, ni Junqueras volvieran a las andadas, y, por mucho numerito que monten, los separatistas saben lo que hay.

Otra cosa es el apoyo de Ciudadanos, apoyo cada vez más cercano después de la decisión de la senadora Pilar Barreiro, imputada por el Supremo, de pasar al grupo mixto. Albert Rivera había exigido como condición indispensable para el respaldo de su partido, que el PP la expulsara de sus filas, pero ¿qué pasa, apuntan, si el Alto Tribunal, archiva la causa, tal y como ha pedido el fiscal del caso?. Una vez más, como ocurrió con la prisión permanente revisable y contantas otras cosas, aseguran, Ciudadanos se mueve a golpe de titular.