El PSOE fía a la reforma laboral salvar la campaña en Castilla y León

Pedro Sánchez padece la descomposición de sus cálculos tácticos y previsiones estratégicas en pleno ciclo electoral. Ya es pólvora mojada el plan de Ferraz para desvincular al Presidente de un revés del PSOE en Castilla y León. La cosecha de Luis Tudanca será la de Sánchez. Quiera o no. El ataque de Alberto Garzón a la ganadería ha comprometido al Gobierno de coalición en una pelea que ha otorgado una dimensión nacional a las urnas autonómicas del 13 de febrero.

Del rechazo al “plebiscito del PP sobre la figura de Sánchez” a una carrera irremediablemente a remolque de Garzón y Unidas Podemos. Ese ha sido el tránsito de la precampaña, tal y como lo visualizan socialistas sorprendidos con un desbarajuste que, a sus ojos, debió ser atajado con rapidez. “Esta crisis ha resultado un desatino”, avisan ante el cúmulo de jornadas de pedradas internas de ida y vuelta. Los guionistas de la implicación en la contienda de Pedro Sánchez, en origen “intensa” pero “estudiada”, andan diluyéndola “a la baja”. Control de daños, toda vez ha estallado la huida en Castilla y León de los errores de la experiencia de Madrid el 4-M.

En primera fila, el popular Alfonso Fernández Mañueco, ensancha su sonrisa, siendo dudoso además que, al otro lado del tablero, en Unidas Podemos permitan desplazar la atención a otro escenario distinto al de las granjas. Son de igualmente su eje de campaña. Los efectos desmovilizadores entre los votantes de izquierdas del desbarajuste en la coalición han quedado más que patentes, según sondeos en manos socialistas. En La Moncloa y en Ferraz se han marcado a fuego la prioridad de hallar una baza en la hoja de ruta de la carrera a las urnas para cambiar el marco del debate y ello pasa por blandir la reforma laboral.

Es el “acuerdo de país”, tal y como lo ha presentado Pedro Sánchez. Ahora bien, necesita la convalidación del real decreto ley el 3 de febrero. La fecha de ninguna manera ha sido elegida al azar. El límite legal de 30 días hábiles para su aprobación desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado permitiría estirar los plazos hasta el 14 de febrero. Sin embargo, en esta ocasión, el interés está lejos de ganar tiempo. El ala socialista se encomienda al éxito de la operación en las Cortes, centrada en arrancar las abstenciones de sus costaleros habituales al requerirse mayoría simple. Y ello incluso cegando el margen para introducir cambios en el texto pactado con los agentes sociales. Extremo que la facción morada sigue sin ver posible.

En vísperas del clarinazo oficial de la contienda castellano-leonesa, Sánchez ha sido el único líder nacional en cambiar de rumbo y priorizó este pasado fin de semana acudir a Granada para arropar a Juan Espadas en la puesta de largo como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. Los números obtenidos por Susana Díaz en diciembre de 2018 – ganó pero fue desalojada de San Telmo – son un espejismo inalcanzable para el socialismo. Y existe además una creciente prevención ante el uso por Juan Manuel Moreno Bonilla de su exclusiva potestad de desencadenar la llamada a las urnas. Los socialistas tienen su mirada puesta en junio, pero sin dejar por ello de especular con la posibilidad de recibir un “jaque mate” con una convocatoria precipitada, en abril, a renglón seguido de la cita del 13-F.

“Ya estuvimos a por uvas en Castilla y León”, admiten en el PSOE, recelosos de un intento de Moreno Bonilla de cogerlos no solamente a contrapié sino con la organización digiriendo el 13-F o, en palabras de un dirigente, “faltos de espíritu ganador”. Y es que cotiza a la baja la marca socialista, empeorando el horizonte de Sánchez. A expensas de la sentencia de las urnas en Castilla y León, el rumor circula en la federación andaluza y exhibe la inquietud en su cúpula que engrasa la maquinaria. En cualquier caso, tal y como admiten, “una cosa es lo que planifiquemos y otra la que finalmente haga el PP”. O, mejor dicho, el presidente de la Junta.