La Justicia europea retira la inmunidad a Puigdemont y despeja el camino para su extradición a España

Al fallar en contra de los intereses del expresident, el TGUE despeja el camino para que el instructor del 'procés' reactive las euroórdenes que dejó sin efecto el pasado enero

Carles Puigdemont, imagen de archivo

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

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El Tribunal General de la Unión Europea ha retirado este miércoles la inmunidad parlamentaria al expresidente catalán Carles Puigdemont y a los otros dos eurodiputados de JxCAT, Toni Comín y Clara Ponsatí. La sentencia, no obstante, se puede recurrir ante la instancia superior, el Tribunal de Justicia de la UE.

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Una vez fallado el asunto del suplicatorio, las partes tendrán un plazo de dos meses para presentar un recurso de casación ante el tribunal europeo, algo que la defensa de Puigdemont ya había adelantado que haría en caso de que les fuera desfavorable la resolución. Las mismas fuentes adelantan que, en tal caso, solicitarán además medidas cautelares para tratar de que la corte comunitaria les devuelva la inmunidad de inmediato provisionalmente mientras se resuelve el asunto de fondo.

Puigdemont ha convocado a las 12 dela prensa, no obstante nada más conocer el fallo, en su cuenta de Twitter aseguraba que "nada se acaba al contrario, todo continúa", porque la sentencia se puede recurrir.

El caso se remonta a mayo de 2021, cuando los eurodiputados de JxCat denunciaron ante la Justicia europea las decisiones formales por las que en marzo de ese año el pleno de la Eurocámara aceptó tramitar los suplicatorios cursados por el instructor del 'procés', Pablo Llarena, para suspender la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí.

La Eurocámara consideró que los hechos por los que Puigdemont y Comín están reclamados --entonces por delitos de sedición y malversación; y, en el caso de Ponsatí, solo por sedición-- eran anteriores a que ocuparan su escaño, por lo que no guardan relación alguna con su actividad como eurodiputados.

La defensa de los políticos independentistas recurrió al estimar que la Eurocámara había dejado sin respuesta una serie de cuestiones que abren la puerta a que el suplicatorio pueda ser revocado, identificando hasta 14 puntos afectados por este silencio parlamentario. En la vista en Luxemburgo, los abogados de Puigdemont destacaron que el delito de sedición no esté penalizado en todos los estados miembro y que en España haya quedado derogado con la última reforma del Código Penal.

En la misma vista, celebrada en mayo del pasado año, los abogados de la Eurocámara respondieron a las quejas de la defensa de los eurodiputados por la tramitación de los suplicatorios advirtiendo de que la institución tuvo un trato "extremadamente abierto" con ellos, hasta el punto de permitirles ocupar su escaño "probablemente de manera ilegal" porque lo hizo sin que España le proclamara eurodiputado.

LAS CONSECUENCIAS EN EL TS

Al fallar en contra de los intereses del expresident, el TGUE despeja el camino para que el instructor del 'procés' reactive las euroórdenes que dejó sin efecto el pasado enero, cuando revisó el procesamiento de los prófugos del 1-O para adaptarlo a la reforma penal.

Entonces ya explicó que las retiraba, dejando solo la orden nacional de busca y captura, a la espera de que la Justicia europea resolviera dos cuestiones. Una, la cuestión prejudicial que planteó el propio magistrado sobre el alcance de las euroórdenes, y que el TJUE resolvió el 31 de enero a favor del Supremo. Y, otra, la inmunidad parlamentaria.

En la hipótesis de que el TGUE avale la tesis de Puigdemont, podría empujar al Supremo a cursar un nuevo suplicatorio para que la Eurocámara se pronuncie sobre la posibilidad de procesar al expresident, Comín y Ponsatí tras el canje de delitos a causa de la reforma penal, que en el caso de Puigdemont se ha traducido finalmente en los de desobediencia y malversación agravada.

Con todo, a pesar de que su defensa confía en que la Justicia europea facilite el regreso de Puigdemont a Cataluña, lo cierto es que podría no ser tan inmediato. Entre otras cosas, hay que tener en cuenta que, hasta con la inmunidad reconocida cautelarmente, Llarena siempre ha sostenido que se le puede detener en España porque sus privilegios son los mismos que los reconocidos a los parlamentarios españoles en el derecho nacional.

De hecho, al confirmar el procesamiento de Puigdemont por los nuevos delitos, el magistrado abrió la puerta a que, si es detenido en España, pueda asistir a las reuniones en el Parlamento Europeo, "siempre que no se hubiera suspendido su inmunidad".

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