Urge aclarar el equívoco

La polémica abierta por unas declaraciones del Ministro de Hacienda, según las cuales los dirigentes separatistas no gastaron ni un solo euro de dinero público en llevar a cabo su desafío al Estado, enturbia un escenario necesitado de claridad. En el sumario del caso que instruye el juez Pablo Llarena se incluye una investigación exhaustiva de la Guardia Civil que cifra en casi dos millones de euros la malversación de fondos públicos llevada a cabo por los dirigentes independentistas, lo que sustenta, entre otras pruebas, la euro-orden de detención de los huidos de la Justicia.

Lo que está en juego es el desarrollo del juicio, la extradición de los fugados y la credibilidad del propio Ministerio de Hacienda y su capacidad de control. Pero habrá que dilucidar también si el plan urdido por el secesionismo incluía el disimulo de sus gastos, que han podido ser atribuidos a otras operaciones financieras. Si el juez Llarena ha podido comprobar un gasto cercano a los dos millones de euros es porque se han intervenido las facturas pagadas a los proveedores de las urnas, las papeletas y la publicidad, que hicieron posible el referéndum ilegal.

Desde el Ministerio de Hacienda se ha explicado en las últimas horas que el Ministro se refería tan sólo al dinero correspondiente al FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica con el que el Estado socorre a las deficitarias arcas de la Generalitat. Pero urge aclarar este punto en un momento crucial para la defensa del Estado de Derecho.