La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, tendrá que comparecer ante el juez el próximo 5 de julio. Lo hará en calidad de investigada por presuntos delitos de corrupción en el sector privado y de tráfico de influencias, en un caso inédito en la historia de la democracia española.

Conviene, no obstante, distinguir qué es lo que significa y lo que no la condición de investigada de Begoña Gómez. Significa que tendrá que comparecer y contestar, si así lo estima, a las preguntas del juez, a raíz de los indicios que éste ha encontrado; pero esto no presupone que sea culpable de nada. Begoña Gómez tendrá todas las garantías procesales propias de un Estado de Derecho.

Todo ello significa también que no estábamos ante ningún bulo de la prensa y que el Gobierno debería mirarse primero a sí mismo antes de acusar a nadie de activar la máquina del fango. A posteriori supimos que, por la coincidencia estricta de fechas, la carta y el amago de espantada de Pedro Sánchez fueron una calculada maniobra de distracción masiva. Independientemente de los efectos, en uno u otro sentido, que aquella pantomima haya podido tener, lo que ya no puede dudar nadie es que había mar de fondo y que, en consecuencia, el presidente tenía serios motivos para estar preocupado.