Descrédito del Fiscal General del Estado

Dentro del general deterioro institucional de la política española ocupa un lugar destacado la Fiscalía General del Estado en manos de Álvaro García Ortiz. Como quedó patente en la Junta de Fiscales a la hora de abordar si el delito de malversación puede ser amnistiado, García Ortiz ha conseguido dividir por la mitad al cuerpo fiscal, con lo que se ha acabado la unidad de criterio de actuación. Aunque al final obtuviera una exigua mayoría en apoyo a su tesis, se trata de una victoria pírrica ante la futura consideración del caso en el Tribunal Supremo. La división en la Fiscalía se agudiza sin las más mínimas formas democráticas, una vez que la votación salió adelante con el apoyo de quien no hubiera debido estar en la Junta, la exministra de Justicia, Dolores Delgado, ya que la anulación de su nombramiento no ha sido debidamente ejecutada. Hay que destacar la integridad de los miembros de la Junta de Sala que, pese a las presiones, y a saber que su criterio era contrario al del Fiscal General, mantuvieron sus tesis en defensa del orden constitucional con un más que probable deterioro de su carrera.

El descrédito que afecta a la Fiscalía General del Estado, que parece haberse convertido en un ministerio de justicia paralelo, se agudiza con la situación de García Ortiz. al borde de la imputación por sus decisiones en el caso de la revelación de información de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El compromiso de los fiscales con la ley, como un servicio público impagable, no puede convertirse en un inaceptable servilismo al Gobierno. Este es un síntoma más de una deriva escasamente democrática.