El pacto alcanzado por el PSOE y el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial ha generado una situación de alivio dentro de la judicatura después de cinco años y medio en los que se había llegado a un estado insostenible que afectaba de forma negativa a la imagen de España en Europa. Las formaciones polítias mayoritarias han sacado adelante el primer acuerdo de Estado de la legislatura. Más allá de las intenciones del presidente del Gobierno, es indiscutible que el modelo apunta a reforzar la independencia del poder judicial, una reivindicación histórica del PP. La decisión de que ambos partidos tramiten una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establecerá por primera vez que el presidente del Tribunal Supremo será elegido por los vocales del Consejo, no por los partidos; la propuesta de mayorías cualificadas en los nombramientos para evitar los rodillos ideológicos; y el hecho de impedir que el Fiscal general del Estado haya sido ministro, son buenas noticias.

Pero queda mucho tiempo por delante con algunas incertidumbres como la tramitación y aprobación sin enmiendas externas de una ley orgánica. De la manera en que se lleve a cabo esta reforma, se deducirá si es cierto el principio de que los jueces eligen a los jueces, o sigue siendo un proceso de clara interferencia política. El pacto sobre el Poder judicial permite distinguir entre una oposición crítica y dura y la lealtad al Estado. Sólo falta que el presidente Sánchez entienda el mensaje. Si no es capaz de llevarlo adelante, lo mejor sería convocar elecciones generales. Esperemos, además, que la mediación europea sea efectiva.