Línea Editorial COPE: Enmienda a la totalidad del PP

La reacción del PP a la tramitación en el Congreso de la Ley de Amnistía no podía ser otra que una enmienda a la totalidad. Una respuesta contundente, que refleja la necesaria dignidad institucional y el sentir del mundo judicial que en su momento oportuno activará los mecanismos de defensa del Estado de Derecho. Una respuesta que, siendo realistas, tiene nulas posibilidades de salir adelante.

En este sentido, la enmienda del PP recoge la petición del Tribunal Supremo cuando se pronunció con motivo de la desaparición del delito de sedición, en el sentido de la necesidad de mecanismos jurídicos estables que defiendan la Constitución.

A través de un único artículo, el PP ha propuesto la reforma del Código Penal para que se sancione “la deslealtad constitucional” y se convierta en delito tanto la inobservancia de las leyes, como los referéndums ilegales o el incumplimiento de las sentencias. Propuesta que, en cierta manera, también hizo Pedro Sánchez en noviembre de 2019, cuando reivindicó la figura del delito de

referéndum ilegal que Zapatero había derogado en 2005. Eso ocurrió lógicamente antes de que Sánchez cambiara de opinión convirtiendo la necesidad en virtud. El hecho de que se incluya ahora la posibilidad de que esos delitos, al ser cometidos por una personalidad jurídica, un partido político, puedan ser penados con la disolución de esa persona jurídica, no debe despistarnos de lo esencial, que es la evidente necesidad de proteger nuestro sistema constitucional, tal como hacen otros ordenamientos europeos. Máxime en un momento en el que los independentistas amenazan una y otra vez con “volverlo a hacer”, si Pedro Sánchez no cede a sus pretensiones.