Línea Editorial COPE: El Gobierno no puede señalar a los jueces

La vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, ha protagonizado en los últimos días un par de alarmantes salidas de tono que en el contexto político actual no pueden considerarse simples deslices. Primero arremetió contra el Consejero Delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, por unas declaraciones sobre el cambio climático, y después protagonizó un vergonzoso señalamiento al juez García Castellón, sembrando dudas sobre su proceder en la instrucción de la causa contra Tsunami democrátic.

El tristemente famoso término del "lawfare" se está convirtiendo en una coartada con la que desprestigiar a buena parte de la Judicatura desde el Ejecutivo. Como ha señalado el Consejo General del Poder Judicial estas declaraciones son muy graves porque son contrarias al principio de lealtad institucional y porque suponen un ataque frontal a la imprescindible independencia del poder judicial. Solo unos jueces en los que sus conciudadanos confíen podrán prestar el derecho a la tutela judicial efectiva para la prevalencia de los valores comunes propios del Estado de Derecho.

Ya estamos viendo hasta qué punto el chantaje de los socios radicales del Gobierno incluye asumir sus postulados. Pero llegar a señalar a un juez para dar cobertura a la narrativa de los independentistas va mucho más allá de lo que un gobierno democrático puede permitirse.