El pacto educativo no puede excluir a los católicos

La Iglesia quiere ser parte activa en el pacto educativo y participar con una sola voz. Lo reiteró ayer el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, que aclaró que el objetivo es «poner estabilidad, serenidad y eficacia» en los debates. Lo primero es reclamar la fuerza de los hechos frente a los discursos de algunos partidos, a veces dominados por posicionamientos ideológicos poco respetuosos con la libertad de quienes no piensan igual que ellos. De ahí que los obispos hayan convocado a una mesa el 2 de marzo a todos los actores católicos implicados en la educación, desde el profesorado de Religión a los titulares de los centros católicos, incluyendo cómo no a las familias, titulares del derecho a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos.La presencia católica en la enseñanza tiene una gran tradición y un gran peso en la actualidad que no se pueden ignorar. Nadie habla de imponer nada a nadie, sino de exigir que se respeten los derechos constitucionales de todos. La realidad, en la práctica, es que existe una gran dependencia de la voluntad política de quien gobierna en cada Autonomía, con inexplicables restricciones al horario de la Religión, discriminaciones a sus profesores o una muy insuficiente financiación de la escuela concertada. Si va a haber un pacto de Estado por la educación, y el objetivo es que sea lo más inclusivo posible, estas cuestiones no pueden quedar desatendidas.