La rebelión del campo español

El gobierno de Pedro Sánchez está preocupado por el estallido del campo español. Y no es para menos. La subida del Salario Mínimo Interprofesional en el mundo agrario ha tenido ya consecuencias para las empresas agrícolas, que arrastran serios problemas estructurales, y dificultades añadidas como la imposición de nuevos aranceles a productos españoles. Los últimos datos del paro han mostrado un descenso preocupante del empleo en el campo, más de un 6 por ciento en el último año. Atribuir a la mala cosecha de la aceituna el hecho de que se haya destruido 15 veces más empleo en el sector agrario que en el resto de sectores, no es de recibo.

Aunque el peso de la agricultura en el conjunto de la economía sea sólo un 2,7% del Producto Interior Bruto, en los últimos años se había producido un interesante repunte de la actividad en el sector agroalimentario, cuyo fuerte son las exportaciones. Se trata, además, de un ámbito estratégico de amplia incidencia social y no pocos factores de incertidumbre, entre ellos las ayudas de la Política Agraria Común europea, que deberán ser negociadas en breve. Por eso la respuesta del gobierno no puede ser desviar la atención haciendo responsables a las empresas de distribución, ni caer en la tentación de un intervencionismo que haría saltar todas las alarmas. La protesta del campo no es una anécdota, y requiere seriedad y profundidad, no juegos florales ni narrativas de diseño, a las que tan aficionado es el gobierno de Sánchez.