Vox pide la suspensión cautelarísima de medidas "ineficaces" para Madrid

Vox ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid un escrito en el que pide la suspensión cautelarísima de las restricciones que han entrado en vigor este viernes en diez localidades de la Comunidad, alegando que las medidas "no son eficaces para proteger" a los ciudadanos, que son "inapropiadas" y que "no están correctamente redactadas".

La portavoz de Vox en la Asamblea madrileña, Rocío Monasterio, ha formalizado la presentación de las medidas cautelarísimas junto al diputado nacional José María Sánchez y el diputado de la Asamblea de Madrid Pablo Gutiérrez de Cabiedes.

Han justificado su iniciativa jurídica en que el objetivo es "defender a los madrileños contra las políticas de Pedro Sánchez", ya que las medidas "no son eficaces para proteger Madrid", además de que "son inapropiadas" y no están correctamente redactadas.

Según el equipo jurídico de Vox, "las cosas no se puede hacer peor", desde el momento en el que la Comunidad de Madrid no ha solicitado la suspensión cautelarísima -solo ha pedido medidas cautelares- y "parece que ignora" que la Orden que ha dictado para ejecutar la Orden del Ministerio "tiene que ser objeto de autorización o ratificación judicial", algo que aún no se ha producido.

Al no esperar que la justicia ratifique la Orden, "se pueden violar derechos fundamentales dando lugar a que las autoridades gubernativas actúen y apliquen las medidas cuando estas medidas todavía no son plenamente eficaces, y eso es lo que da lugar a este recurso y su fundamento", argumenta.

"Lo que creemos es que ni los madrileños pueden esperar diez días a las medidas cautelares ni esperar a que (el ministro de Sanidad Salvador) Illa exponga en el Congreso de los Diputados sus razones, porque cada día que pasa en Madrid con las medidas de Sánchez son miles de comercios los que se arruinan, son miles de trabajadores los que se quedan sin empleos, son miles de madrileños los que no se pueden mover con libertad. Y nosotros estamos aquí para defender los derechos fundamentales y la libertad de todos los madrileños, y eso nunca puede esperar", ha subrayado.

En su escrito Vox apela a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas, para argumentar que "las Administraciones Públicas no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico".

Y recalca que entre los derechos que se consideran perjudicados se encuentran dos derechos fundamentales recogidos en la Constitución, la libertad religiosa y la libertad ambulatoria.

Vox aduce también la "dudosa validez" del acuerdo alcanzado en el Consejo Interterritorial de Salud, ya que las restricciones se aprobaron con los votos en contra de cinco autonomías (Andalucía, Cataluña, Ceuta, Comunidad de Madrid y Galicia), por lo que a su entender no se puede considerar que se alcanzase el consenso necesario.

Pero además, el documento recalca que "ni el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ni, en consecuencia, la Orden del Ministro de 30 de septiembre de 2020, refieren en sus textos, con amplios preámbulos, ningún estudio científico preciso que justifique la adopción de las medidas. Todo son menciones genéricas".

"Las medidas presentan la apariencia de ser más políticas que científicas, lo que redunda en la duda de su necesidad y proporcionalidad, con mayor motivo cuando implican limitaciones severas de derechos fundamentales", agrega el texto.