La Guardia Civil busca correos de Trapero sobre el dispositivo de los Mossos el 1-O

La Guardia Civil busca correos electrónicos del hasta ahora mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero vinculados al dispositivo de la policía catalana con motivo del referéndum del 1-O.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha enviado a la Guardia Civil a una decena de las principales comisarías de los Mossos d'Esquadra, entre ellas su sede central en el complejo Egara, en Sabadell (Barcelona), con un requerimiento para obtener las grabaciones de sus comunicaciones por radio durante la jornada del 1-O.

Según las fuentes, en el marco de la investigación de la Audiencia Nacional sobre la supuesta pasividad de los Mossos d'Esquadra durante el 1-O, los agentes del instituto armado también buscan correos electrónicos de Trapero relativos al dispositivo para cumplir el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de que la policía catalana impidiera la votación.

De hecho, la Guardia Civil ya buscó este tipo de correos del mayor de los Mossos durante el registro practicado el pasado 20 de octubre en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, según las fuentes.

La juez, que mantiene imputado a Trapero por sedición, ha enviado hoy a la Guardia Civil, como policía judicial, al complejo central Egara y a las comisarías que actúan como salas de mando regionales de los Mossos d'Esquadra en Barcelona, Girona, Manresa, Sant Feliu de Llobregat y Granollers.

La Guardia Civil también ha acudido por orden judicial a las comisarías de los Mossos d'Esquadra en La Seu d'Urgell (Lleida), Tarragona y Tortosa (Tarragona), si bien en este caso no tienen la condición de sala de mando regional.

Lamela tiene una causa abierta en la que mantiene imputado por sedición al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, a quien ha retirado el pasaporte, por la supuesta pasividad de la policía catalana durante el asedio a la comitiva judicial que el pasado 20 de septiembre registró la consellería de Economía, en una operación contra el referéndum del 1-O.