Casi 150.000 personas mayores de 65 años necesitan ayudas para la dependencia

1 de cada 4 personas con dependencia severa pide ayuda ya sea económica o una plaza en un centro residencial en España. 80.000 de ellas están en lista de espera para obtener estos recursos y otras 60.000 pendientes de ser valoradas por el grado de dependencia. Los expertos consideran que hacen falta al menos 35.000 plazas para atender a estas personas que mientras tanto dependen de sus familias.

Situación Actual

En España había 397.443 plazas residenciales para personas mayores al finalizar 2021 según los últimos datos del IMSERSO, pero según los expertos son necesarias 76.350 plazas más para alcanzar 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años con las que satisfacer la creciente demanda. A pesar de un incremento de las plazas del 2% con respecto al año 2020, el déficit actual sigue aumentando porque cada vez hay más personas mayores de 65 años.

Concretamente, entre 2010 y 2021 se han sumado 1,7 millones de personas a este grupo poblacional en España, mientras que solo se han aumentado por 28.000 esas plazas. Para Mar Ugarte, adjunta a la presidencia de la Confederación Española para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) el problema es real y se va a agravar aún más en el futuro: “Para 2050 se prevé que haya 16 millones de españoles mayores de 65 años. Vamos a ver cómo dotamos económicamente las ayudas porque finalmente todos estos problemas se resumen en dinero. Por supuesto que hay que hacer formación y que hay que cambiar muchísimas cosas, pero la realidad es que el 37% de la población va a ser mayor de 65 años”.

Comunidades Autónomas

Solo cinco comunidades autónomas cumplen con el ratio de 5 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años: Asturias, Extremadura, Aragón, Castilla La Mancha y Castilla y León. Y de estas cinco comunidades autónomas, tan solo esta última alcanza el ratio con plazas de financiación pública. Son plazas de financiación pública las de los centros públicos, las concertadas en centros privados, y las que se financian con la prestación (ayuda económica) vinculada al servicio.

Andalucía es la comunidad con un mayor déficit. Carece de 31.465 plazas residenciales para alcanzar el ratio mínimo comentado. Le sigue Comunidad Valenciana, con 23.485. Galicia, 14.072. Cataluña, 10.701. Canarias, 8.709. Comunidad de Madrid, 7.986. País Vasco, 6.402. Baleares, 4.058. Murcia, 1.925. Navarra, 569. Y La Rioja, 119. En el caso de las comunidades autónomas que cuentan con un superávit en relación a este ratio destacan: Castilla y León con 17.503 plazas residenciales, Castilla La Mancha, 7.102. Aragón, 4.499. Extremadura, 3.872. Y Asturias, 1580.

Sin embargo, este superávit no significa que en estas comunidades sea fácil conseguir una plaza. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en Aragón. Allí está Yolanda Olmos, una mujer zaragozana, cuyos padres (cercanos a los 90 años) están en situación de dependencia, explica en COPE su experiencia: “Mis padres ahora mismo no están valorados, estamos pendientes de una valoración del grado de dependencia, pero, mientras tanto, les hemos tenido que meter en una residencia porque mi hermano y yo no podíamos asumir sus cuidados las 24 horas del día”.

Su padre tiene la lucidez mental alterada a causa del envejecimiento, y su madre desde septiembre físicamente no es capaz de valerse por sí misma. “Hasta ahora no teníamos ni idea sobre la dependencia, pero a mediados de diciembre fuimos a informarnos y nos dijeron que había varios tipos de ayuda”, comenta Yolanda.

Esas ayudas se resumen en 3 opciones de solicitud: una plaza en una residencia pública, un importe económico para pagar una residencia privada o un cuidador en el domicilio de sus padres. “Valoramos solicitar un cuidador, pero el problema es que mi madre necesita atención durante toda la noche y con una única persona en su casa no iba a ser posible cuidar de los dos”, añade Yolanda. Decidieron solicitar entonces dos plazas en una residencia pública pero, como explica Yolanda, la respuesta fue sorprendente: “Lo primero que nos dijeron fue que no había plazas”.

Sin embargo, no se quedó todo ahí: “Nos dijeron que para solicitar una plaza en una residencia pública antes tenían que estar en una residencia privada. A partir de ahí tendríamos que esperar 6 meses para conocer la valoración del grado de dependencia en el que se encuentran”, comenta la zaragozana que cifra en más de 3.000 euros mensuales el coste de la atención que reciben sus padres.

Medio año pagando una residencia privada sin ningún tipo de ayuda, y sabiendo que los plazos se alargan en la mayoría de los casos como explica Mar: “Con el plan de choque de 2021 se habían comprometido a atender a estas personas en un plazo máximo de seis meses. Sin embargo, esto no se está cumpliendo. La media está en un año, incluso un poco más de un año”.