¿Cuándo y dónde se implantarán las zonas de bajas emisiones?

La mitad de los españoles desconocen qué son y qué suponen las zonas de bajas emisiones, una medida que persigue rebajar la contaminación y que exige la Unión Europea. El problema es que a lo largo de este año, los municipios de más de 50 mil habitantes tendrán que aplicar la norma paulatinamente, pero solo 20 de los 150 afectados han presentado propuestas, todas ellas distintas entre sí.

Los municipios han pedido una demora de 6 meses para implantar el sistema que debería estar en marcha desde el año pasado. La excusa, que el ejecutivo aprobó el 27 de diciembre, hace apenas una semana, el Real Decreto que regula estas áreas libres de emisiones y en el que expone unas directrices generales que sirven como guía para los territorios que tienen que implantarlas.

La norma obliga a estos municipios a establecer Zonas de Bajas emisiones (ZBE) y a los que tienen entre 20.000 y 50.000 habitantes, a restringir la circulación si se disparan los niveles de contaminación regulados en el Real Decreto de la calidad del aire.

El caso es que a excepción de los de Madrid, Barcelona y Pontevedra, el resto de ciudadanos del país tienen un despiste importante: la mitad desconocen que son las Zonas de Bajas emisiones, 4 de cada 10 desconoce que distintivo medioambiental tiene su coche y 3 de cada 10 no saben cómo les va a afectar eso en su día a día, según datos de una encuesta realizada por Alphabet. Por cierto, en Zaragoza han implementado un plan piloto.

Vamos a intentar arrojar algo de luz

Lo primero que debes saber es que excepto en las tres ciudades mencionadas arriba, no hay ningún otro municipio que haya estrenado el año con ZBE.

¿Qué es una zona de bajas emisiones (ZBE)?

Se trata de una áreas delimitadas en las ciudades que pueden implicar restricciones de acceso, circulación o estacionamiento sobre todo a los vehículos más contaminantes. Los ayuntamientos deberán decidir cuales serán estas zonas y cómo se va a gestionar el tráfico en las mismas. El 54 % de la población del país, tarde o temprano, se verá afectado por la medida, que persigue mejorar la calidad del aire.

La etiqueta de la DGT

Los coches nuevos ya la llevan. Es un distintivo que indica cuan contaminante es el vehículo en el que te mueves. Si el tuyo no la tiene, debes pedirla a la Direccion General de Tráfico. Cuesta 5 euros. Las hay de 4 colores: amarilla (etiqueta B), que incluye a los vehículos de gasolina matriculados desde enero de 2001, y los de diésel matriculados a partir de enero de 2006. La verde (etiqueta C) coches y furgonetas de gasolina matriculados después de enero de 2006, y los de diésel matriculados después de enero de 2015. La Eco (verde y azul) vehículos de gas, híbridos o ambos, y la Cero (de color azul) eléctricos y los híbridos enchufables .

Pero hay unos cinco millones de vehículos que no tendrán etiqueta, los de gasolina anteriores a 2001 y los de gasoil anteriores a 2006. Estos, por ejemplo, ya no pueden acceder a las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona. En Canarias, son el 40 % del parque móvil.

¿Qué planes tienen los ayuntamientos?

Pues de esto, poco se sabe. Solo 20 de los 150 municipios que tienen obligación de implantar Zonas de bajas Emisiones han esbozado ideas, absolutamente dispares entre sí. Los hay que quieren limitar las veces que un vehículo, excepto los eco y cero, puede acceder a esas zonas al año, salvo que paguen peaje, como en Barcelona. Otros permitirán la libre circulación de los vehículos si son compartidos; otros peatonalizarán zonas; otras endurecerán el estacionamiento. Los ayuntamientos han pedido moratoria porque el gobierno no aprobó hasta el pasado 27 de diciembre las directrices generales para guiar a los municipios.

“Cada municipio define planes enfocados a mejorar los niveles de contaminación, la calidad del aire el ruido-nos explica Ángeles Roca, portavoz de Alphabet- lo que parece claro es que los vehículos mas antiguos, en torno as 4 millones, van a ser los que se verán más afectados, aunque los ayuntamientos pueden plantear otro tipo de medidas, como fomentar el transporte público, subvencionar la compra de vehículos eléctricos o peatonalizar calles”.

El despiste de los ciudadanos se irá disipando conforme los planes municipales se vayan implantando, pero tardarán. Son medidas que afectan a la movilidad de las personas y al bolsillo: las multas en Madrid por saltarse las restricciones parte de 200 euros y en Barcelona de 100 euros, pero suben según la gravedad.

Cada ciudad tendrá una normativa, pero tranquilo, la DGT ha creado una plataforma a la que se irán incorporando los planes para que el ciudadano sepa cuales son las medidas de cada municipio, cuando estén. Y lo más preocupantes: según la encuesta, 3 de cada 10 ciudadanos creen que es una medida de carácter político, y 1 de cada 4, que solo persigue fines recaudatorios.