El limbo legal en el que está el mercado negro de los trabajos de fin de carrera

"No hagas nada, deja que otros trabajen por ti". "Olvídate de tener que dedicarle tantas horas a este trabajo y déjalo en manos de nuestros profesionales". "¿Son muchos los trabajos que te exigen en la universidad? ¿Quieres tener más tiempo para ti?” Son algunos de los reclamos que las empresas que se dedican a hacer trabajos finales de carrera, máster o, incluso, tesis doctorales utilizan en Internet.

Desde que los trabajos de fin de grado (TFG) se introdujeron en la Universidad española allá por el curso 2013/2014, el negocio de las webs que venden trabajos universitarios ha crecido exponencialmente para alivio de los alumnos más tramposos y desgracia de los profesores.

Sin embargo, estas empresas desarrollan una actividad que está en los límites del bien y del mal, de lo legal y lo ilegal. Según manifiesta Javier Gómez, profesor de Derecho Penal de Comillas ICADE, la palabra "alegal" explica en el ordenamiento jurídico “lo que no está regulado en la ley ni es contrario a ella”.

Por eso, dice en conversación con COPE.es que “es muy difícil llegar a la consideración de que esta conducta sea un delito”. Tampoco cree “que sea ilegal desde otras ramas del Derecho”. Otra cosa es que no sea “ética” y que “deba perseguirse”.

EL TFG, UN PROYECTO PERSONAL Y ORIGINAL

En concreto, “el TFG puede ser entendido como un trabajo o proyecto personal y original de integración de los contenidos formativos recibidos y de las competencias adquiridas en el Grado y asociadas al mismo, en el que el estudiante, mediante su elaboración obligatoria, con la orientación de un tutor, y su posterior defensa pública, debe demostrar, para poder concluir sus estudios en el Grado, que ha adquirido tales competencias y que está capacitado para elaborar y presentar trabajos científicos, técnicos, teóricos o experimentales”, señala el estudio 'El trabajo de fin de grado en las universidades españolas. Análisis y discusión desde las defensorías universitarias'.

El jurista observa que la conducta de los alumnos que compran sus propios trabajos “es objeto de una infracción disciplinaria de conformidad con los reglamentos generales de las universidades”. Por eso, cree que de forma disuasoria debe castigarse con “sanciones disciplinarias duras” como la pérdida de convocatoria en los casos de los trabajos de fin de grado y de máster. En las tesis doctorales con “la expulsión del programa y la imposibilidad de obtener el título”. No en vano, los doctores representan el máximo nivel de estudios que se puede alcanzar dentro de la jerarquía universitaria.

A juicio de Gómez, “el daño que sufre la Universidad en estos casos no es suficiente para cometer una infracción civil porque no hay un elemento patrimonial”, o lo que es lo mismo, no sufre un daño económico, aunque el alumno engañe a sus profesores. Lo mismo sucede con los derechos de autor. “No hay vulneración” porque no hay un perjuicio económico ni se plagian ideas, sino que el autor las cede, por lo que “no se podría hablar de una vulneración con trascendencia legal”. Y tampoco se trata de una estafa en términos penales porque “el engaño solo tiene trascendencia si hay un componente patrimonial”.

“En relación con las empresas no hay instrumentos que permitan perseguir las actividades que realizan”, asegura, aunque dan lugar a lo que se conoce coloquialmente como un fraude. No obstante, el jurista dice que “se podrían perseguir a través de cambios en la normativa administrativa”.

LOS RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES RESPONDEN

Los compañías suelen definirse como “gabinete de estudios” y los precios que han estipulado, aunque varían y hay simuladores para calcularlos, parten de los 5 o 7 euros por página. En algunas webs se dice que cuentan en plantilla con “casi 200 profesionales” que trabajan “coordinadamente todos los días”.

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) asegura a COPE.es que "cada vez que se detecta un anuncio de este tipo se traslada al Ministerio Fiscal", aunque "normalmente devuelve la denuncia porque para que pueda seguir adelante habría que identificar a un estudiante cometiendo esa infracción".

"En cualquier caso, es cierto que cuando se contacta con el Ministerio Fiscal, aunque la denuncia no siga adelante, se consigue que ese anuncio desaparezca" de Internet, explica la CRUE.

Los rectores de las universidades españolas "rechazan totalmente" este tipo de prácticas. "Esta institución promueve el pensamiento crítico y la formación integral de las personas para que puedan ejercer como ciudadanos responsables y profesionales cualificados. Valores que resultan incompatibles con el hecho de presentar tesis doctorales o trabajos de fin de grado que han sido elaborados por empresas a cambio de dinero y no por el doctorando o por el futuro egresado", manifiesta la CRUE.

Los profesores universitarios coinciden en las dificultades para detectar cuándo un alumno ha comprado su TFG. "Es importante el conocimiento del profesor en relación con el tema propuesto al estudiante, así como de la bibliografía con la que lo ha abordado previamente", manifiesta la CRUE. "El tutor de trabajos académicos puede controlar la actividad del estudiante de múltiples modos, como el seguimiento periódico de los avances en la redacción de los trabajos, la propuesta y revisión de la bibliografía empleada, el uso de los buscadores generales y el recurso a las herramientas de detección de coincidencias", continúa.

Y es que, como explican los rectores, "la adquisición de conocimientos siempre exige de un esfuerzo, en cuyo proceso de aprendizaje no tiene cabida el fraude intelectual".