Murcia no retirará el veto parental y el Gobierno acudirá a los tribunales

El plazo dado por el ministerio de Educación al Gobierno murciano para retirar su instrucción sobre el "pin parental" concluye este lunes sin que se haya el modificado esta norma que exige el permiso parental para realizar las actividades complementarias, con lo que el Ejecutivo autonómico aboca al central a recurrir a la vía judicial.

La ministra de Educación, Isabel Celaá dio el pasado 17 de enero un mes de plazo al Gobierno de Murcia para "restaurar la legalidad" y retirar el "veto parental" antes de que el Ejecutivo central recurriera esta medida en los tribunales de Justicia. Sin embargo, fuentes de la comunidad han remarcado a EFE que desoirán el requerimiento de la ministra y mantendrá las instrucciones de inicio del curso.

Además, la Consejería de Educación elaborará un decreto, una norma de más rango que las instrucciones, por el cual no será necesaria la autorización parental si la charla es impartida por un funcionario o empleado público y regirá el silencio positivo, de modo que solo una negativa expresa impedirá que el alumno asista.

En las últimas horas, un total de 35 asociaciones y organizaciones de la región de Murcia han enviado una carta al Gobierno regional en la que piden ser recibidos por el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, para pedirle la retirada del permiso parental.

Quieren que los dirigentes regionales les den "explicaciones" por su negativa de retirar las instrucciones sobre el permiso parental y, a la misma vez, hacerles llegar el sentir de "buena parte" de la sociedad civil que, según ellos, se opone a esta medida y a la modificación de los decretos.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha anunciado que "mañana mismo" pedirá en los tribunales la suspensión cautelar del 'pin parental' en Murcia si el gobierno regional presidido por Fernando López Miras no lo retira a lo largo de este lunes, cuando expira el plazo del requerimiento que el Ministerio remitió hace un mes a la Consejería de Educación de esta comunidad autónoma.

"Aún tiene estas 24 horas para reponer la legalidad. De no ser así, mañana mismo recurriremos por la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia", ha explicado Celaá en una entrevista a La Sexta recogida por Europa Press, donde ha calificado como "sorprendente" que Murcia "no reponga la vulneración del derecho a la educación" que, en opinión de la ministra, representa el 'pin parental'.

Para Celaá, esta medida que permite a los padres vetar la asistencia de sus hijos a actividades complementarias en centros educativos, y que Murcia incluyó en las instrucciones de principios de curso, supone "incorporar una pretensión fundamentalista a un sistema educativo que nunca ha tenido ese problema".

"El Partido Popular lleva 25 años gobernando en Murcia y no han declarado jamás que hubiera adoctrinamiento. Es más, su presidente dice que no hay ningún problema. Entonces, ¿por qué inventárselo?", ha añadido Celaá, acusando al gobierno regional de PP y Ciudadanos de ceder ante grupos "fundamentalistas", en velada alusión a Vox, que exige el 'pin parental' para apoyar los presupuestos en Murcia.

El partido de Santiago Abascal lo ha reclamado también en las otras dos comunidades donde PP y Ciudadanos gobiernan gracias a su apoyo, como Andalucía y Comunidad de Madrid. Sin embargo, sus gobiernos autonómicos han rechazado implantar el 'pin parental', como ha recordado este lunes Celaá, que equipara esta medida a "retirar internet o los móviles" en clase.

La ministra ha lanzado un mensaje a los docentes que se oponen al 'pin parental', una medida que, según Celaá, coarta su libertad de cátedra. "Los profesores y profesoras pertenecen a los cuerpos estatales y tendrán todo el amparo y protección de este Ministerio ante los tribunales", ha asegurado.

Celaá ha calificado el 'pin parental' como una "objeción de conciencia encubierta no aplicable para nada al terreno de la educación" y una "censura previa" contra "la debida confianza en los docentes" que, además, "vulnera el derecho a la educación del que son titulares los menores".