Pilar, cuya casa ha sido ocupada: “No soy igual que mi ocupa, él tiene todos los derechos y yo ninguno"

Pilar es del Puerto de Santa María, lugar desde el que se trasladó a Madrid en 2019 para atender a su prima, para ella como una hermana, enferma de cáncer que finalmente fallecería.

Pilar era la heredera directa de la casa que su prima tenía en Torrevieja. Aquí empezaría su pesadilla. Unido al dolor de perder a un ser querido Pilar tiene que lidiar, todavía a día de hoy, con unas inquilinas que se fueron antes de que finalizase el contrato y cedieron la casa de Pilar a otras personas que la ocuparían.

Ante esta situaciónm Pilar decidió concederles el beneficio de la duda porque dice “todos podemos actuar mal en una ocasión”. Les ofreció un contrató que nunca llegaron a firmar y se apropiaron del hogar de Pilar. La situación le generó tal estrés que nunca más podrá sonreír, parte de su cara ha quedado completamente paralizada.

Denuncia que “el derecho de igualdad no existe". "Estamos hablando del artículo 14 de la Constitución, que ese si que es un derecho fundamental. No estoy hablando del de la propiedad privada. Yo no soy igual que mi ocupa, mi ocupa tiene todos los derechos y yo no tengo ninguno, sólo cumplo con obligaciones. Creo que eso es más grave todavía, es un derecho fundamental en un estado democrático como es España”, cuenta. La pesadilla de Pilar continúa y con ella las amenzas incluso vía Whatsapp

Para Carlos, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad CEU San Pablo, es importante diferenciar dos delitos. "Uno es el allanamiento de morada, que afecta a aquellos casos que la casa es donde uno reside o incluso, a la segunda residencia también. El otro es un delito de usurpación, sin violencia, que en realidad es un delito leve con una pena de multa”, cuenta.

Carlos considera que hay movimientos que se dedican casi exclusivamente a ocupar las casas y advierte que lo primero que tengo que hacer es “denunciar el hecho a la policía o a la fiscalía cuanto antes”. Todos recuerdan a la perfección la fecha en la que comenzó esta pesadilla, como el que recuerda la fecha de su cumpleaños, algo que te marca para siempre.

Enrique ha vivido toda su vida en Alicante con su mujer pero por trabajo durante la pandemia tuvieron que desplazarse a Vigo. Relata como “un día nos llama el administrador de la propiedad y nos pregunta, ¿tenéis gente en casa? mi respuesta fue no, ¿cómo que gente en casa? Te quedas paralizado”.

La impotencia se adueñó en un primer momento de Enrique. Sentimiento que se repite en todas las víctimas, además del desamparo, el desánimo y la incredulidad.

Denunciar, certificar su propiedad y mostrar la ilegalidad que se está cometiendo es lo primero que hicieron. “Llamamos a la policía y tú piensas, esto en una hora o dos está solucionado. La sorpresa es cuando te dice la policía que no los han podido sacar, que se van a quedar allí y tú te quedas cómo, ¿pero se va a quedar gente extraña viviendo en nuestra casa? Su respuesta, sí, porque una vez están dentro y han cambiado la cerradura, es su domicilio”. Enrique llegó a pensar si estaba todo el mundo loco, no podía creer la impunidad con la que se actúa en estas situaciones. Afirma que su propia casa ahora le da “asco”.

Una situación injusta para cualquier ciudadano que cumple con todas y cada unas de sus obligaciones. Así se siente también, Ricardo, impotente, “me siento totalmente desamparado, no hay ni una sola ley, ni un solo artículo que a mí me ampare. Yo cumplo todas mis obligaciones y sin embargo, no tengo derechos, no puedo pedir vivir tranquilo”.

La historia de Ricardo es la de un ciudadano cualquiera. En 2010 decide comprarse el piso de sus sueños, pero la cosa cambia en 2013 con los últimos coletazos de la crisis y el edificio quiebra y pasa a manos del banco. En el tramo de gestiones con la inmobiliaria el edificio queda casi completamente vacío y los ocupas aprovechan el momento. En 2015, empezaría su calvario, que sigue hasta día de hoy.

Ricardo decide quedarse en su vivienda porque “sabía que si me iba en cualquier momento la perdería”. Las amenazas como “te podemos hacer la vida muy difícil si avisas a la policía”, eran continuas.

“Me encuentro atrapado en un edificio donde el círculo de la ocupación mafiosa, además se van vendiendo los pisos entre ellos y sacando rédito económico. Yo aquí sigo, con un deterioro del edificio brutal, de mis capacidades emocionales, intelectuales y fisiológicas”. Asegura que, como casi el resto de personas que viven esta situación, lleva en tratamiento psiquiátrico 6 años.

La pregunta es, por qué no se marcha de allí y su respuesta es clara “si me voy perdería 100 mil euros que ya tengo invertidos y me llevaría una deuda de 120 mil euros, necesitaría otra casa y encima tendría la posibilidad de que me ocuparan la mía, lo que supone que tendría que pagarles a los ocupas el agua, la luz, porque la ley es así. Mientras, no me queda otra que resistir y buscar una una solución política, social, un cambio de ley para poder vivir una normalidad y tener una tranquilidad, no tomarme entorno a 3000 pastillas al año para poder vivir en mi casa”.

Ricardo, desde hace años lleva pidiendo a su agencia inmobiliaria y sus socios, que le cambien esta casa por otra y ellos se queden con el edificio entero y así pudieran gestionar la situación más fácilmente. Dice “yo no quiero que me regalen nada, solo quiero pagar mi casa pero no puedo llevarme esa deuda”.

El hartazgo de estos ciudadanos les hace movilizarse cada jueves de 20h a 21h a través de la red social de Twitter a través del hashtag - #leyantiocupas - para conseguir hacerlo trending topic y que los políticos vean que existe una realidad que no están contemplando.