Más de 50 organizaciones piden reforzar derechos en el futuro reglamento europeo de IA

Más de cincuenta organizaciones sociales se han dirigido al Gobierno español, ante la próxima Presidencia de la UE, para pedir un fortalecimiento de la protección de los derechos fundamentales en el futuro Reglamento europeo de Inteligencia Artificial.

Son un total de sesenta organizaciones nacionales e internacionales las que han expresado su preocupación por las "deficiencias" en la propuesta original del Reglamento de Inteligencia Artificial y se han dirigido a la Presidencia española de turno para pedir que trabaje para garantizar una legislación "robusta y respetuosa" con los derechos fundamentales.

Bajo el paraguas de IA-Ciudadana -un proyecto que reúne a numerosas organizaciones y centros de investigación para defender los derechos humanos ante el despliegue de la Inteligencia Artificial,- se han sumado a esta iniciativa y han suscrito una carta abierta para expresar esas preocupaciones y plasmar sus demandas.

Firman la carta, entre otros, las organizaciones Algorace, Algorights, la Federación de Usuarios y Consumidores CECU, Lafede.cat, el Observatorio Trabajo, Algoritmo y Sociedad o el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, que según sus promotores son las organizaciones sociales que están liderando la respuesta a las políticas de regulación e implementación de la inteligencia artificial.

El pasado año las mismas organizaciones ya impulsaron una comunicación sobre la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) -un organismo español de reciente creación- y se reunieron con la secretaria de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, para plasmar su demanda de una mayor implicación de la sociedad en esa agencia.

En la carta abierta, las organizaciones firmantes expresan su preocupación acerca del Reglamento de IA y de su impacto significativo tanto dentro como fuera de las fronteras de la Unión Europea.

Señalan especialmente que los sistemas de IA, al fomentar la vigilancia masiva y amplificar las desigualdades sociales y los desequilibrios de poder, pueden representar, si no existen garantías y controles de la sociedad civil, una amenaza grave para los derechos fundamentales y los procesos democráticos.

Destacan además varias preocupaciones clave que deberían tratarse durante las negociaciones finales del Reglamento europeo de IA, y citan entre éstas la importancia de ampliar el listado de sistemas de IA prohibidos que representan un "riesgo inaceptable" para los derechos fundamentales; o la eliminación de la discrecionalidad en el proceso de clasificación de sistemas de alto riesgo.

Demandan también que se establezcan obligaciones significativas de rendición de cuentas y transparencia pública para los usos públicos y los desarrolladores de sistemas de IA de alto riesgo; que se garanticen derechos y mecanismos de reparación para las personas afectadas por estos sistemas; que se asegure que los estándares técnicos no comprometan los derechos fundamentales y que se promueva una mayor participación de la sociedad civil en su desarrollo.

Para trasladar con detalle estas demandas, las organizaciones han solicitado al Gobierno reuniones a alto nivel con representantes de diferentes ministerios y carteras y antes del inicio de la Presidencia española.

En estas reuniones, han informado en una nota difundida tras la publicación de la "carta abierta", solicitarán garantías para que se refuercen y protejan adecuadamente los derechos fundamentales en el texto final del Reglamento de IA, así como la participación de la sociedad civil organizada en la definición de los estándares.