La Unión de Ganaderos del Levante se querella contra la Consejera de Agricultura

La Unión de Ganaderos del Levante de Castellón ha interpuesto una querella criminal ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por un supuesto delito de prevaricación administrativa por presuntas irregularidades administrativas a la hora de publicar las ayudas a explotaciones ganaderas afectadas por el COVID-19.

Concretamente, la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica que preside Mireia Mollá habría excluido - a sabiendas de su la desviación de poder y de crear una situación discriminatoria por motivos políticos - a este colectivo de ganaderos de reses bravas del acceso de ayudas a explotaciones ganaderas afectadas por el COVID-19 de la Generalitat Valenciana aprobado mediante Decreto 59/2020 de 8 de mayo, del Consell.

Y ello, a pesar de que inicialmente se incluyeron en la página web de la Generalitadad Valenciana como beneficiarios de la ayuda a los ganaderos de toros de lidia destinados a los festejos de “bous al carrer”.

Con posterioridad y al cabo de unas horas después de la referida publicación, y alegando que había existido un error, se eliminaron con total “nocturnidad y alevosía” como beneficiarios de la ayuda a los ganaderos de toro bravo y contraviniendo el procedimiento administrativo los informes técnicos que sirvieron de base para la publicación del Decreto 59/2020 de 8 de mayo, del Consell. Además, esta modificación tampoco aparece en la Corrección de errores del Decreto 59/2020 de 8 de mayo

Así pues, supuestamente existiría una desviación de poder por parte de la consejera querellada al eliminar de la ayuda y como beneficiarios de la misma a los ganaderos de bravo. Actuación que únicamente obedece a la posición ideológica y con mala fe que está exhibiendo la consellera al sector ganadero de toros bravos.

Después de haberse presentado el pasado mes de febrero la querella por parte de la asociación de ganaderos de la provincia de Castellón, el Tribunal de Superior de Justicia, como paso previo a deliberar sobre la admisión a trámite de la misma, ha requerido a cada uno de los asociados para su comparecencia personal el día 17 de marzo para otorgar el correspondiente poder procesal especial.