Greenpeace rechaza ley regadíos que indulta años de "robo" de agua en Doñana

Greenpeace ha mostrado este martes su rechazo "categórico" a la nueva ley de regadíos que toma mañana en consideración el Parlamento de Andalucía al considerar que "indulta décadas de robo sistemático de agua en el Parque Nacional de Doñana y alienta nuevos saqueos".

"En un contexto de sequía galopante, esta norma es especialmente grave porque amenaza la supervivencia de Doñana, uno de los espacios naturales más emblemáticos de Europa, y castiga a los regantes que sí han estado cumpliendo la ley", ha indicado la organización ecologista en un comunicado.

Entiende que "se trata de un insulto a la evidencia científica, que abre las puertas a sanciones millonarias desde Bruselas e ignora la necesidad de repensar el modelo agroalimentario para ajustar la demanda a la disponibilidad real de agua y a los caudales ecológicos".

La directora de Greenpeace España, Eva Saldaña, ha afirmado que esta nueva ley de regadíos de la Junta de Andalucía es un atropello legislativo que pone en peligro la supervivencia de uno de los espacios naturales más valiosos del mundo". "Exigimos al Gobierno andaluz que frene este despropósito, que solo es concebible como un reclamo electoralista y cortoplacista. Este rumbo macabro para Doñana evidencia que nuestro modelo agroalimentario y turístico está herido de muerte, ha añadido.

Greenpeace ha recordado el impacto "devastador" de los pozos ilegales en el acuífero 27 de Doñana, que están causando "una disminución drástica de la calidad del humedal por el hundimiento del nivel freático".

La nueva ley es "un negocio redondo para los ladrones del agua y sus cómplices en el Gobierno andaluz: ellos violan la ley, aniquilan el bien común, se lucran saqueando el agua de todos y, al final, la multa histórica se la pagaremos a escote, ha reiterado Luis Berraquero, responsable de Greenpeace en Andalucía.

Frente a ella, a corto plazo, Greenpeace urge la reducción "drástica e inmediata" de la cantidad total de agua que se extrae del acuífero de Doñana, la protección y compensación de las personas regantes que sí han estado cumpliendo la ley, el abandono de "ensoñaciones hidráulicas faraónicas" y la puesta en marcha de un diseño de transición hídrica justa que se adapte a la ganadería, cultivos y uso general del agua de España en una nueva realidad de acentuación de sequías y escasez hídrica en un contexto de cambio climático.

También señala que, a medio plazo, la transición hídrica justa y la transición agroecológica son alternativas seguras, viables y rentables para la agricultura en particular y para el sistema alimentario y la biodiversidad en general.