La anterior cúpula de la Alhambra se sentará pronto ante el juez por el caso de las audioguías

La Sección Segunda de la Audiencia de Granada será la encargada de juzgar a la que fuera directora de la Alhambra, María del Mar Villafranca, y otras tres personas más en el llamado caso audioguías, en el que se han investigado supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de audioguías en el monumento nazarí.

La causa ha llegado ya a la Audiencia Provincial para su enjuiciamiento y está pendiente de fecha, según fuentes judiciales después de que el Juzgado de Instrucción 4 de Granada decretara la apertura de juicio oral contra los procesados por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, entre otros.

Además de Villafranca, que dimitió en 2015 por este asunto, se sentarán en el banquillo de los acusados la exsecretaria general de la Alhambra, Victoria Eugenia Chamorro; el administrador único de la empresa a la que se adjudicó el servicio de audioguías y el exjefe de la Sección Económica y Contabilidad de Ingresos en el monumento, José M.V.

La Fiscalía de Granada ha solicitado cinco años de prisión para Villafranca y la exsecretaria general del monumento. Para el empresario al que se adjudicó el servicio de audioguías pide diez años de cárcel y multa de un millón de euros y para la empresa o persona jurídica Stendhall Museum Solutions, multa de 21.900 euros y su disolución.

El fiscal también solicita que los acusados indemnicen de manera conjunta y solidaria al monumento en 1.255.816 euros por los perjuicios económicos causados al Patronato de la Alhambra y Generalife. Esta cifra se elevaría en 258.169 euros más por los intereses devengados y no satisfechos hasta noviembre de 2018.

Este perjuicio económico causado por la empresa Stendal Museum al Patronato sería consecuencia de los incumplimientos detectados en la ejecución del contrato de audioguías con la anuencia y convivencia de las dos investigadas, señala la Fiscalía en su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press.

La Junta de Andalucía está personada como acusación particular debido a los supuestos perjuicios ocasionados al monumento por este asunto entre 2004 y 2015. El PP también está personado, en este caso como acusación popular, y ha solicitado las mismas penas que la Fiscalía.