La condena a un menor de 17 años por hackear la cuenta de su profesora: "Que comprenda la gravedad"

Tiene 17 años y es estudiante. Como cualquier joven de esa edad acude a clases en un instituto y también como cualquier joven de su generación usa con asiduidad las redes sociales o Internet.

Un uso que si se realiza de manera correcta nada tiene de delictivo. Pero en su caso el uso dado a la tecnología no fue durante un tiempo el más adecuado y ahora ha recibido una condena para que entienda “la gravedad de sus acciones” que han ido dirigidas contra una profesora de su centro de estudios en Gines.

La sentencia y el relato de los hechos

El Juzgado de Menores número uno de Sevilla ha condenado al joven de 17 años a 55 horas de servicios comunitarios. Le impone esta pena por un delito contra la intimidad. El chico según admitió y según ha quedado demostrado, hackeó la cuenta corporativa de Google de una profesora de su instituto en Gines.

El menor logró acceder sin consentimiento a la cuenta drive/nube virtual de la docente, donde la profesora almacenaba información personal y corporativa, durante el periodo comprendido entre el 14 de febrero y el 5 de abril de 2022.

Durante la vista, el adolescente admitió ser el responsable de los hechos y mostró conformidad con la medida propuesta por el Ministerio Fiscal. El tribunal considera que las 55 horas de servicios en beneficio de la comunidad son una oportunidad para que el joven comprenda la gravedad de sus acciones y repare el daño causado a la profesora.

Además de la condena comunitaria, el menor y sus padres deberán indemnizar a la profesora con mil euros como compensación por el daño moral causado. Fran Peláez, abogado de la docente, resaltó la complejidad de perseguir delitos tecnológicos y explicó que la identificación del autor se logró a través de la dirección IP, siendo la única pista disponible en este caso.

Este tipo de condenas envían un claro mensaje de que las infracciones en línea tienen consecuencias legales. En palabras del abogado Peláez, "este caso ilustra la dificultad para perseguir delitos tecnológicos, pero demuestra que, con las herramientas adecuadas, es posible identificar a los responsables y hacerlos responsables de sus acciones".